El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) presentó su informe mensual de libertad de expresión. A continuación, encontrará los principales casos de agresiones a periodistas y medios de comunicación durante el mes de octubre de 2024:
-Índice Chapultepec: el ranking de las libertades de expresión y de prensa de las Américas, Índice Chapultepec, elaborado por la Sociedad Interamericana de Prensa, reveló que el Perú es, por segundo año consecutivo, el país de la región americana que más ha caído: ocho puestos. Mientras en el 2020 el país figuraba en la categoría ‘baja restricción’ a la expresión y a la prensa, este año cayó a la de ‘alta restricción’.
-Caso “terrorismo de imagen”: durante una presentación pública, la presidenta Dina Boluarte utilizó el término “terrorismo de imagen” para referirse a información sobre ella publicada por la prensa. Poco después, El parlamentario Waldemar Cerrón, cuyo hermano prófugo Vladimir Cerrón es objeto de investigaciones periodísticas que han revelado graves casos de corrupción, aseguró que existe “terrorismo de prensa”, mientras que el jefe del Gabinete, Gustavo Adrianzén, afirmó que “no podemos negar que se difunden noticias falsas [que] no solo ofenden, sino que tiene [sic] un propósito: […] generar el caos y la desestabilización”.
-Caso conferencia de prensa: tras 106 días sin declarar a la prensa, la presidenta Dina Boluarte brindó una conferencia de prensa restringida. A ésta, sólo se le permitió el ingreso a pocos medios de comunicación. Boluarte no respondió a todas las preguntas y, en sus escuetas respuestas, se mostró hostil y severa con los periodistas. A los pocos días, en un evento público de la presidenta en la región San Martín, unos 15 periodistas de medios locales fueron enrejados en una pequeña área lejos de donde estaba Boluarte, lo que dificultó la cobertura. No se permitieron preguntas.
-Caso paro de transportistas: durante los paros de transportistas y las protestas de octubre, al menos cuatro periodistas fueron atacados por policías durante la cobertura de los hechos. Víctor Castillo (América TV), Noelia Vallvé (Wayka), Juan Mandamiento (independiente) y Enzo Vidal (Panamericana) fueron agredidos físicamente –a empujones, codazos y varazos– en distintas zonas de Lima por miembros de la Policía Nacional del Perú.
-Caso Cuarto Poder: el periodista José Miguel Hidalgo, del programa Cuarto Poder de América Televisión, recibió amenazas de muerte tras un reportaje sobre Ciro Castillo, gobernador del Callao, y su hijo. A través de un video de WhatsApp, un sujeto armado con una pistola lo amenaza, exigiéndole que no muestre “a la gente del Callao” porque, de lo contrario, “te voy a volar todo lo que se llama sesos”, para concluir: “Te está hablando el Tren de Aragua”.
-Caso Sinadef: a finales de octubre, el registro del Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef) no había sido actualizado en las últimas dos semanas, denunció La República. El 10 de octubre, fecha de la última actualización, se supo a través del Sinadef que el número de homicidios en el Perú durante el 2024 –de 1,493– había superado la de todo el 2023. El Sinadef suele actualizarse diariamente.
POSICIÓN INSTITUCIONAL
La frase “terrorismo de imagen” acuñada por la presidenta Dina Boluarte no es del todo novedosa en el Perú. El año pasado, en el pedido de facultades legislativas solicitado por el Poder Ejecutivo al Congreso, se propuso modificar el Código Penal para sancionar a los instigadores del delito de disturbio, entre los que podía incluirse la prensa que cubriera marchas ciudadanas. Y el mes pasado, el vocero de Boluarte informó que transmitir una agresión a la presidenta era un “hecho ilícito, una suerte de instigación a la violencia”. En tal sentido, se profundiza una narrativa que, alerta esta organización, podría ganar terreno en el ámbito legislativo. Bajo “terrorismo de imagen”, una opinión –de periodistas o cualquier ciudadano– podría ser un delito, lo que dinamitaría uno de los derechos fundamentales más importantes: la libertad de expresión.
Por otro lado, las amenazas con contenido violento aumentan en el Perú a la par que la creciente ola de inseguridad. El caso del periodista José Miguel Hidalgo refleja lo que el Consejo de la Prensa Peruana viene alertando hace meses: la cobertura periodística de asuntos de criminalidad viene de la mano con amenazas y violencia, como ocurre en México y El Salvador.
Asimismo, la falta de actualización que sufrió el Sinadef es un ejemplo más de la traba que tiene la sociedad peruana para acceder a información pública que, de alguna manera, puede afectar la imagen de las autoridades de turno.
Casos como los anteriores son un vistazo mensual de los daños a las libertades de expresión y de prensa en el Perú, cuyo reflejo anualizado se percibe en los pobrísimos indicadores del Perú en el Índice Chapultepec, que mide iniciativas legislativas, denuncias, violencia y falta de acceso a la información pública y a la justicia.
