La Contraloría General descubrió irregularidades en los recursos transferidos a la Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro (MPGSC), con el fin de fomentar la reactivación económica debido a la pandemia del Covid-19. Específicamente, se detectaron problemas en el mantenimiento del camino vecinal Chojata 1, donde el mal proceder de funcionarios y servidores ocasionó pérdidas para el Estado que ascienden a S/ 374,529.
En el año 2020, a raíz de la pandemia del Covid-19, el Gobierno Central transfirió dinero a los gobiernos regionales y locales de todo el país para impulsar la actividad económica. Con dichos recursos la MPGSC realizó mantenimiento a dos tramos viales de 8.73 kilómetros en el sector de Pachas por el monto contractual de S/ 595,301 a cargo de una empresa contratista.
Respecto al cual, se emitió el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 002-2024-2-0444, que evaluó lo realizado entre el 1 de julio de 2020 al 31 de enero de 2023, evidenciándose irregularidades en el perfeccionamiento del contrato del servicio de mantenimiento vial, ya que uno de los profesionales no cumplía fehacientemente con los requisitos mínimos de experiencia general. Esta situación no fue observada por la entidad y se suscribió contrato.
Además, la Comisión Auditora detectó que la MPGSC aprobó el plan de mantenimiento presentado por el contratista; sin advertir que este documento fue elaborado mediante procedimientos inapropiados para la selección de canteras. Asimismo, se observó que funcionarios aprobaron informes mensuales del mantenimiento que incumplían las especificaciones técnicas.
Por estos hechos se identificó presunta responsabilidad penal, PAS y administrativa a cargo de la entidad en aquellos que se desempeñaron como Subgerente de Logística, Almacén y Control Patrimonial, Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, Inspector de planta y Analista técnico monitor de Vías Vecinales.
El informe se comunicó a la alcaldesa de la MPGSC para que inicie el deslinde de responsabilidades administrativas. También se recomendó al Órgano Instructor de la Contraloría que procese a quienes corresponda, y se solicitó a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción que emprenda acciones penales contra los presuntos responsables.