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2 junio, 2025 2:22 am

Contraloría destapa caos en la seguridad ciudadana de Ilo, Moquegua y Sánchez Cerro

Del 8 al 14 de mayo de este año, la Contraloría General de la República (CGR) emitió cuatro contundentes informes en el marco del Operativo de Seguridad Ciudadana 2025, donde alertó 23 situaciones adversas en la gestión de los recursos públicos destinados a combatir la inseguridad en las municipalidades provinciales de Ilo, Mariscal Nieto, General Sánchez Cerro y en la Municipalidad Distrital de San Antonio.

Los hallazgos, recogidos en visitas de control realizadas por los Órganos de Control Institucional (OCI), evidencian una alarmante falta de planificación, infraestructura adecuada y medidas básicas de protección tanto para el personal como para la ciudadanía. Se advirtió que los riesgos identificados afectan directamente la eficacia del servicio de seguridad ciudadana y requieren acciones inmediatas por parte de las autoridades locales.

CENTROS IMPROVISADOS Y SIN PROTECCIÓN EN MARISCAL NIETO

En el caso de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, el Informe N.° 011-2025-OCI/0446-SVC reveló que su Oficina de Seguridad Ciudadana y su Centro de Videovigilancia operan en instalaciones provisionales dentro del Terminal Terrestre, exponiendo al personal y a los equipos tecnológicos. Además, no se contrató el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) para los serenos, no se monitorean las zonas con mayor incidencia delictiva con cámaras, no se entregan implementos de protección solar y los registros de ocurrencias se realizan con formatos no estandarizados.

La Contraloría advirtió que la falta de planificación y recursos compromete la seguridad de la población.

SAN ANTONIO SIN PLAN, SIN CONEXIÓN Y SIN RESPALDO

El Informe N.° 010-2025-OCI/0446-SVC advirtió que la Municipalidad Distrital de San Antonio solo almacena imágenes de videovigilancia por 23 días, cuando la norma exige un mínimo de 45. Además, no se realiza mantenimiento preventivo de las cámaras, no se capacita al personal, no hay conexión con sistemas de seguridad locales ni nacionales, y no existe un Plan de Patrullaje Municipal ni un centro adecuado de monitoreo.

ILO Y SÁNCHEZ CERRO: SIN PLANES, SIN EQUIPOS Y SIN COBERTURA

En Ilo, el Informe N.° 010-2025-OCI/0445-SVC alertó que la municipalidad no cuenta con centro de videovigilancia ni sistema de radiocomunicación, y tampoco con un plan operativo de seguridad ciudadana. El personal carece de implementos como rodilleras, coderas y guantes, y algunos vehículos del serenazgo no tienen SOAT ni inspección técnica vigente.

En General Sánchez Cerro, según el Informe N.° 004-2025-OCI/0444-SVC, la situación es aún más crítica: no se ha formalizado la creación del serenazgo, no existe un plan específico ni un mapa del delito, los vehículos están inoperativos por falta de mantenimiento, y no se ha implementado un sistema de videovigilancia en Omate, cabecera provincial.

En San Antonio e Ilo, los sistemas de videovigilancia presentan serias limitaciones técnicas y legales.

ALCALDES DE ILO, MARISCAL NIETO, SAN ANTONIO Y GENERAL SÁNCHEZ CERRO: PURO DISCURSO CONTRA LA DELINCUENCIA

Pese a los discursos públicos de los alcaldes John Larry Coayla (Mariscal Nieto), Humberto Tapia Garay (Ilo), Santos Villegas Mamani (San Antonio) y Flérida Meza Ramos (General Sánchez Cerro), las evidencias recogidas por la Contraloría contrastan con sus promesas. Las observaciones revelan una preocupante desconexión entre lo que se dice y lo que realmente se hace en materia de seguridad ciudadana.

  • Las municipalidades inspeccionadas por la Contraloría evidencian una preocupante falta de planificación, coordinación y acción concreta en materia de seguridad ciudadana, lo que refleja desinterés o incapacidad por parte de las autoridades para garantizar condiciones mínimas de protección a la población.
  • El abandono en la contratación de seguros, la ausencia de equipamiento básico y la precariedad de los centros de videovigilancia no solo vulneran los derechos del personal de serenazgo, sino que también exponen a los vecinos a una respuesta deficiente frente al crimen y las emergencias.
  • A pesar de contar con presupuestos asignados, las municipalidades no están ejecutando correctamente los fondos, lo cual no solo genera pérdidas económicas, sino que debilita la confianza ciudadana y pone en entredicho la transparencia en la administración local.

Análisis & Opinión