Por amplia mayoría (106 votos a favor y 7 abstenciones), el Pleno del Congreso derogó la Ley 31876, Ley que regula el proceso de ejecución de obras por administración directa a nivel nacional; así como toda norma administrativa que se oponga a la presente Ley.

Al sustentar el dictamen respectivo, el presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, César Revilla Villanueva (FP), sostuvo que era indispensable derogar la Ley 31876, a fin de evitar cualquier limitación en la ejecución de obras por administración directa a cargo de los gobiernos regionales y locales.

“Esta ley está poniendo en riesgo la posibilidad de que los señores gobernadores regionales y alcaldes terminen las obras que vienen ejecutando”, acotó.

Por su parte, la parlamentaria Martha Moyano Delgado (FP), en su calidad de autora, propuso que se incluya en el dictamen una disposición complementaria transitoria, en los siguientes términos:

“A partir de la entrada en vigor de la presente Ley se aplica de forma transitoria la Resolución de Contraloría 19588-CG, referidas a normas que regulan la ejecución de obras públicas por administración directa”.

La propuesta fue incluida en el texto sustitutorio aprobado por el Parlamento.

La legisladora Patricia Juárez Gallegos (FP), autora del proyecto, dijo que los actos normativos estarían causando una transgresión de manera directa al proceso de descentralización en mayor relevancia a las municipalidades provinciales y distritales más alejadas del país, al ser afectada su autonomía política, económica y administrativa, al imponerse límites hasta un monto de 50 Unidad Impositiva Tributaria (UIT) como tope máximo.

“La Ley 31876 no ha sido socializada de manera oportuna con los gobiernos subnacionales, en tanto que sus efectos jurídicos estarían generando un impacto negativo en el desarrollo del país, sobre todo causando perjuicio en las localidades de jurisdicción distrital provincial o regional, más alejadas o en zonas de frontera poco comunicadas”, puntualizó.

Asimismo, el parlamentario Luis Ángel Aragón Carreño (AP) manifestó que el artículo 10 de la Ley 31876 es otro impedimento, ya que prohíbe, en el marco de la ejecución de una obra por administración directa, la adquisición, bajo cualquier modalidad, de maquinaria y equipos con cargo al presupuesto de la obra.

En el mismo sentido se pronunciaron los parlamentarios de diversos grupos parlamentarios.

La propuesta fue exonerada de la segunda votación, con lo quedó lista para ser enviada al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación.

El presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, expresó su satisfacción por esa decisión que fue solicitada por los gobernadores regionales y alcaldes que llegaron esta mañana a la sede legislativa.

LO QUE PRETENDÍA LA LEY

• La Ley 31876 establecía que ni los gobiernos regionales ni los gobiernos locales podrían invertir en obras que pasen de los 247 mil 500 soles, dejando de lado la ejecución de proyectos de envergadura.
• Esto fue considerado como un atentado contra el proceso de descentralización y la reactivación económica del país. Asimismo, esta misma norma prohibía todo tipo de compra de maquinaria.