POR: DR. JAIME CALLALLA MAMANI
Se llevó a cabo entre los días 12 y 14 de noviembre, por los 25 años de la Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG). El principal mérito del Congreso fue examinar la LPAG a partir de todo el recorrido de una decisión pública.
El temario abarcó su formación, motivación y notificación, las posibilidades de impugnación, el control judicial y la ejecución de lo resuelto. Esa perspectiva permite detectar dónde se pierde la protección jurídica. Una decisión puede estar motivada y, aun así, afectar el derecho de defensa si la notificación impide recurrirla oportunamente. Una sentencia puede reconocer un derecho y dejarlo insatisfecho si la entidad demora su cumplimiento.
El aniversario coincidió con la aprobación del nuevo Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444 por el Decreto Supremo N.° 006-2026-JUS, publicado el 30 de abril de 2026. Este contexto da especial relevancia a las ponencias sobre el balance de la LPAG, las modificaciones pendientes tras el Decreto Legislativo N.° 1272 y la eliminación de barreras burocráticas. La cuestión de fondo es qué reformas pueden mejorar la experiencia del ciudadano y cuáles requieren, principalmente, que las entidades apliquen de manera consistente las reglas existentes.
CONCLUSIONES ACADÉMICAS
El aporte histórico de la Ley N.° 27444 es haber establecido reglas comunes para el ejercicio de la función administrativa. A los 25 años, su eficacia puede examinarse en el expediente concreto, verificando la competencia de la autoridad, la justificación de su decisión y la posibilidad real de impugnarla.
Simplificar trámites y proteger el debido procedimiento son objetivos compatibles. El criterio para revisar un requisito es determinar qué finalidad cumple, qué carga impone y si existe una forma menos onerosa de cumplir esa misma finalidad.
La legitimidad de la sanción depende de la calidad de la imputación, la prueba y la motivación. El vínculo entre fiscalización, instrucción y decisión debe poder reconstruirse en el expediente, incluido el tratamiento de los descargos y la justificación de la sanción.
La Administración digital exige garantías verificables. La notificación, el acceso al expediente y la posibilidad de cuestionar una decisión deben funcionar también cuando la actuación se tramita electrónicamente o recibe apoyo algorítmico.
La tutela contencioso-administrativa debe evaluarse también por el cumplimiento de las sentencias. La ejecución merece la misma atención institucional que la calidad del fallo, en especial cuando se ordena restituir un derecho o realizar una actuación concreta. La buena administración ofrece un criterio para evaluar el desempeño de las entidades: los tiempos de respuesta, la calidad de la motivación y el acceso a la justicia.

