POR: MELCH NÚÑEZ VERA (ABOGADO ASOCIADO SENIOR DEL ESTUDIO MUÑIZ – AREQUIPA)
Empezaremos conceptualizando la concertación de precios como aquella práctica nociva o dañina que afecta la libre competencia en el mercado, es decir, en lugar de que los precios se fijen libremente en el mercado producto de la competencia de los agentes económicos , estos se ponen de acuerdo para poder establecerlos, en otras palabras, fijan un precio determinado o incluso el incremento del mismo, perjudicando al consumidor, quien se ve en la necesidad de pagar un precio mayor por un producto o servicio.
Para evitar esta mala práctica, el Estado promulgó en el año 2008, la nueva ley de represión de conductas anticompetitivas (Decreto Legislativo Nro. 1034) que regula, prohíbe y sanciona conductas anticompetitivas para poder promover la eficiencia económica en los mercados, con el fin de mejorar o promover el bienestar de los consumidores.
¿Pero ello realmente funciona?, ¿se está logrando el objetivo de evitar nuevos casos de concertación de precios? Considero que sí, prueba de ello, es que en los últimos años se han sancionado casos en los mercados de farmacias, hemodiálisis, oxígeno medicinal, cemento, gasolinas, diésel, GLP vehicular, balón de gas, papel higiénico, transporte marítimo y terrestre, etc., no obstante, con el afán de mejorar esta situación (existencia de concertación) que aún se presenta en nuestro país y que, reitero, solo perjudica al consumidor, es que el Estado viene promoviendo no solo el Programa de Clemencia sino además viene promocionando el programa “no a la concertación, si a la libre competencia”, en el cual, se premiará hasta con S/ 400 000.00 soles del Programa de Recompensas a los ciudadanos que denuncien actos de concertación que conozcan o de los que hayan sido testigos, constituyendo un mecanismo de colaboración que premia a personas naturales por entregar información decisiva a la autoridad administrativa (Indecopi) para detectar, desarticular y sancionar cárteles o empresas que realicen concertación de precios, se repartan de clientes, limiten su producción concertadamente, entre otros.
Si bien en una primera etapa, con el Programa de Clemencia, se busca que el propio sector empresarial, tome conciencia de que al concertar está incurriendo en un acto ilegal que pone en riesgo su futuro, en esta segunda etapa se busca la participación de la ciudadanía, del consumidor, impulsándola a denunciar en caso conozca de algún caso de concertación.
Espero que, con estos valiosos incentivos, no solo salgan a la luz los casos de concertación existentes, sino que sobre todo se logre el objetivo de que las empresas tomen conciencia del daño que generan al concertar y cesen en la realización de esta mala práctica.