La Comisión de Fiscalización aprobó con 9 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención el informe final que recomienda acusar constitucionalmente al presidente Pedro Castillo por diferentes delitos relacionados a los casos Sarratea, Puente Tarata y otros.
El documento, formulado en el marco del caso Puente Tarata, concluye que el mandatario, el exsecretario Bruno Pacheco, el exministro Juan Silva y los empresarios Zamir Villaverde y Karelim López “estuvieron relacionados para coordinar los direccionamientos de los resultados” de las licitaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
Según las investigaciones de la comisión presidida por Héctor Ventura, el Consorcio Puente Tarata III habría entregado dinero al jefe de Estado a través de Karelim López y Tapusa, una de las empresas del consorcio, a Juan Silva a través de Villaverde.
Sobre los ascensos en el Ejército, el informe también recomienda formular acusación constitucional contra Castillo y el exministro de defensa Walter Ayala por el presunto delito de tráfico de influencias.
Además, sobre las reuniones en la casa del pasaje Sarratea, en Breña, el documento insta a acusar al mandatario, y a los exfuncionarios Juan Silva y Juan Carrasco, por los presuntos delitos de organización criminal, negociación y aprovechamiento indebido del cargo.
