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Comisaria de San Antonio en Moquegua usada como “bunker criminal”

Planificaron y ejecutaron sus delitos utilizando la oficina de Seincri de la comisaria de San Antonio en Moquegua como su “centro de operaciones”, ha vista y paciencia de los jefes policiales.

POR: JULIO FARFÁN VALVERDE

Estos son hechos que parecen ser parte del guion de una película de mafiosos, pero no es así. Lamentablemente es la realidad y demuestra una vez más que por algunos malos elementos, la corrupción y el crimen conviven dentro de la institución policial y el Ministerio Público en la región Moquegua.

La Unidad de Investigación de La Prensa Regional puso al descubierto una presunta organización criminal integrada por policías, en complicidad con familiares y “rankeados” abogados tacneños y con el sospechoso “apoyo” de tres fiscales de turno que laboran en el distrito fiscal de Moquegua quienes, casualmente, también provienen de la ciudad heroica.

Y todo para permitir el despojo de dos módulos de vivienda a sus respectivos propietarios y favorecer a familia policial “Alfaro Tirado” donde desde el abuelo, hijos y nietos se dedicarían a usurpar terrenos y viviendas en la ciudad de Moquegua.

Para lograr su objetivo, se valieron de documentos falsos y matones y aunque usted no lo crea, a menos de 300 metros de la Comisaria.

LOS HECHOS

La madrugada del viernes 26 de agosto, aproximadamente a las 3:00 horas un grupo de casi 20 personas entre venezolanos y peruanos ingresaron al módulo de vivienda de la Manzana O Lote 1, donde una parte de dicha vivienda era utilizada como local de campaña de un partido político.

De acuerdo a los Registros Públicos el propietario de estos predios es el Banco de Materiales, en dichos módulos de vivienda se encuentran por más de 18 años como posesionarios los señores Wilfredo Oscar Flores Rodríguez y Roy Samuel Flores Soto, a quienes la entidad estatal les otorgó el consentimiento y autorización para morar en el lugar en el año 2003, además que ambos ciudadanos laboraban para el Banco de Materiales.

Las cámaras de seguridad de viviendas comerciales cercanas al lugar registraron desde las tres de la mañana a estos avezados delincuentes que estaban decididos a todo, quienes retiraron puertas y calaminas, empezando a saquear y cargar todo en un camioncito, un motor electrógeno, parlantes, bidones de gas, cientos de polos con publicidad política y otros artículos de valor.

PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL DELITO

A la cabeza de este grupo de este “operativo” con matones incluidos, se encontraban los abogados identificados como Walter Alfonso Arone Mattos y Reddy Renan Tellería Machaca, quienes amparados en simples fotocopias de documentos “bambas” y un supuesto contrato de compra venta de ENACE actuaban en representatividad de los “propietarios” de dichos inmuebles.

Uno de los supuestos propietarios fue identificado como José Andrés Alfaro Plasencia, quién es nada menos el abuelo de los efectivos policiales que hicieron las diligencias para favorecerlo, elaborando a su favor y conveniencia el Acta de Inspección Técnico Policial de fecha 26 de agosto.

En ese documento figura como instructor su propio nieto, el sub oficial Anthony Cabrera Alfaro. También participaron en esta “diligencia” el sub oficial PNP, Brayan Alfaro Tirado quién es hijo del supuesto propietario y el sub oficial PNP Royer Chaiña Arapa, quién tendría conocimiento de las irregularidades y pese a ello actuó en favor de la comisión del delito de hurto y usurpación agravada de estos efectivos policiales que pertenecen a la SEINCRI de la Comisaria PNP de San Antonio.

FISCALES NUNCA ACUDIERON AL LLAMADO DE AGRAVIADOS

Más lamentable aún en este caso donde los Alfaro Tirado lograron concretar su ilícito, es la “sospechosa inacción” de tres fiscales del Ministerio Público de Moquegua, que se encontraban de turno, Alexander Freddy Ramos Diaz, Patricia Calizaya Inchuña y Jhon Córdova Apaza, pero nunca se hicieron presentes en el lugar de los hechos, pese a las llamadas reiteradas de los agraviados.

La Unidad de Investigación de La Prensa Regional fue testigo directo de estos hechos, y asumió el patrocinio legal a los posesionarios señores Wilfredo Oscar Flores Rodríguez y Roy Samuel Flores Soto.

Así, tras el ingreso violento a los módulos de vivienda, los agraviados fueron a realizar las denuncias respectivas en la Comisaría de San Antonio, pero el mismo efectivo policial Anthony Cabrera Alfaro que tenía a su cargo la investigación y realizó el Acta de Inspección Técnico Policial, no quería recibir la documentación que acreditaba la legítima posesión de dichos inmuebles y menos registrar la denuncia de usurpación agravada.

Para esto, el efectivo policial argumentaba que los verdaderos propietarios estaban en dicho inmueble y que ya existía una denuncia por el mismo delito contra los recurrentes, es decir los usurpadores denunciaron a los legítimos posesionarios.

Ante la negativa de recibir los medios probatorios que acreditaban la posesión legítima, optaron por presentar una denuncia por el delito de hurto agravado por los bienes materiales sustraídos por los usurpadores, ante ello también se negó el sub oficial Cabrera a recibir la misma, es así que se le insistió acaloradamente ante lo indignante del accionar policial y no tuvo otra opción de pedirle a su colega del costado sub oficial Royer Chaiña Arapa aceptar la denuncia y éste riéndose con su colega, hizo despertar la sospecha que algo oscuro y turbio sucedía en esas oficinas de la SEINCRI.

Cabe señalar que arte del módulo de vivienda usurpado, estaba prestado a una organización política desde hace más de un mes,  y fue gracias a la presencia de los simpatizantes y partidarios que se logró por un momento a alejar a los invasores y se procedió a tapiar con ladrillos y cemento la puerta, mientras que los abogados y sus matones solo atinaban a mirar  y gritar frases amenazantes de lejos. Inclusive los usurpadores contaban con una puerta metálica que ya tenían lista para colocarla en dicho lugar. No obstante, cerca de las 4 de la madrugada lograron reingresar a la propiedad.

EJEMPLAR PARTICIPACIÓN DE SEGURIDAD DEL ESTADO

Ante esta nueva violenta acción, los legítimos posesionarios acudieron a las oficinas de Seguridad del Estado de la PNP y se asentó la denuncia de usurpación agravada.

Pese a la negativa de los fiscales de turno de estar presente en las diligencias, los correctos efectivos policiales de esta dependencia policial reaccionaron de inmediato y se constituyeron en el lugar del delito, logrando detener dentro del inmueble y en flagrancia del delito de usurpación agravada a las 4 personas, dos hombres y una mujer de nacionalidad peruana y un venezolano que manifestaron que los abogados los contrataron para estar allí.

Los de Seguridad del Estado no se dejaron sorprender con las fotocopias y documentos fraudulentos y trasladaron a los delincuentes junto a sus abogados Walter Alfonso Arone Mattos y Reddy Renan Tellería Machaca hasta su dependencia policial.

USURPADORES CONTRAATACAN

Al día siguiente sábado 27 de agosto, los posesionarios se ausentaron para tomar desayuno y al regresar se dieron con la indignante e ingrata sorpresa que los usurpadores habían vuelto a contraatacar con más de 30 personas, la mayoría de ellos venezolanos, quienes forzaron ambas puertas y trajeron un camioncito rojo que transportaba bolsas de cemento y muros de concreto prefabricado decididos a cercar los inmuebles.

Los agraviados nuevamente se constituyeron a las oficinas de Seguridad del Estado y tras ver los videos que demostraban la criminal de la actitud de los usurpadores, se comunicó al fiscal de turno y ante su negativa, le indicaron que ellos irían sí o sí en cumplimiento de su función policial y así fue.

NUEVAMENTE SE RECUPERO POSESIÓN

Seguridad del Estado al verificar los hechos y la presencia de los abogados que coordinaban con los venezolanos, paralizó el descargue de los materiales de construcción e hizo que el camioncito se retirara del lugar previa identificación del chofer, es así que nuevamente hizo devolver la posesión de los dos inmuebles y exhortó a los dos abogados usurpadores a utilizar los mecanismos legales del Poder Judicial, correspondiente en este tipo de casos, como es la vía civil, porque la posesión legitima ya había sido acreditada con los diferentes medios probatorios existentes, asimismo manifestaron a los agraviados que apenas exista una flagrancia de delito acudan a interponer la denuncia a la Comisaria PNP de San Antonio y es su función de los efectivos policiales de ese sector actuar en flagrancia delictiva, porque el fiscal de turno desde su despacho no estaba de acuerdo  y no iba a autorizar más diligencias ni  intervenciones a cada momento que lo requiera los agraviados, posterior a ello los efectivos se retiraron.

FINALMENTE LOGRAN USURPAR LOS 2 INMUEBLES

Horas más tarde con más ferocidad y con amenazas de muerte llegaron los venezolanos y peruanos con el camioncito y su material de construcción, estos bajo amenazas de muerte, coaccionaran a los posesionarios para salir de los dos inmuebles y empezaron a levantar el cerco de muros.

Nuevamente los posesionarios legítimos se acercaron a la Comisaría PNP de San Antonio a poner la denuncia y encontraron a los abogados usurpadores entre risas conversando alegremente con el efectivo policial Brayan Alfaro Cabrera y se negaron a cumplir con su deber a pesar del delito que en ese momento se estaba cometiendo. Se optó por llamar al fiscal de turno Jhon Córdova Apaza para que se haga presente y nunca llegó solo atino a conversar con el efectivo policial.

Ante la impotencia a la falta de autoridad y negativa en el cumplimiento de sus funciones de los efectivos policiales de la Comisaria PNP de San Antonio, los agraviados acudieron a la única dependencia que sí escucho desde el primer momento y accionó ante el pedido de los verdaderos y legítimos posesionarios, permitiendo que los agraviados recuperen su legítima posesión 3 veces consecutivas, pero esta vez ante la súplica de los agraviados, no lo pensaron dos veces y se hicieron presentes y constataron que se encontraba cercado los dos inmuebles con la presencia de los venezolanos dentro junto a los abogados usurpadores, quienes no les permitieron el ingreso a los efectivos de seguridad del estado, realizando solo el acta correspondiente en las afueras de los inmuebles y el abogado Walter Alfonso Arones Mattos salió finalmente a firmar el acta.

El acta de queja contra los fiscales que no cumplieron con sus funciones

¿A QUIEN PROTEGE EL MAYOR COMISARIO?

Lo sospechoso es que, al acudir a la SEINCRI a presentar los medios probatorios contundentes, asimismo declarar y dar la manifestación de las denuncias de hurto agravado interpuesto, el sub oficial Royer Chaiña Arapa no quiso recibir los documentos probatorios, ni tomar la declaración respectiva, aduciendo que ya el plazo había vencido y que el Comisario jefe de esa dependencia policial mayor PNP Poma Huanca le ordenó no hacerlo.

Ante la negativa, se conversó con el Superior PNP de apellido Bello, quien transmitió la indignación de los denunciantes y se comunicó con el comisario vía celular, sin embargo, no contesto el mayor Poma Huanca, sino el alférez Claudia Cabrejos Condor quién señaló que no podían hablar con su jefe y por decisión clara del mayor Poma Huanca tampoco se podía recibir la documentación probatoria, menos tomarnos la declaración porque supuestamente el plazo para ello había vencido.

Todos estos hechos sobre el comportamiento de los efectivos policiales, principalmente de los representantes del Ministerio Público deja mucho que desear, porque pese a que los agraviados  notificaron reiteradas veces a los fiscales de turno para que se hagan presentes y cumplan su función como titulares de la investigación, defensores de la legalidad y persecutores del delito, durante dos días consecutivos se “suplicaba” para que se hagan presentes, estos se negaron a acudir al lugar de los hechos, pese a la flagrancia y la comisión de los delitos de hurto y usurpación agravada, confiando las diligencias a los efectivos de la SEINCRI quienes algunos de ellos serían parte de una red criminal y los dejan a los agraviados a merced de los que son parte del delito de hurto y usurpación agravada.

Sentado, el supuesto propietario José Andrés Alfaro Plasencia, con su nieto el efectivo policial Anthony Cabrera Alfaro, quien elaboró a su favor y conveniencia el Acta de Inspección Técnico Policial de fecha 26 de agosto.

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