La Fiscalía de la Nación, a través de su Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, ha presentado una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte, acusándola de ser la presunta autora del delito de cohecho pasivo impropio en agravio del Estado. Esta denuncia se enmarca en el conocido ‘Caso Rolex’.

Según un comunicado difundido en la cuenta oficial de ‘X’ del Ministerio Público, la denuncia sostiene que Boluarte habría recibido tres relojes de la marca Rolex como donación del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. Además de los relojes, también se le habrían entregado aretes de oro y una pulsera. Estos obsequios, según la Fiscalía, habrían sido dados con el propósito de que Boluarte realizara actos propios de su cargo como presidenta de la República.

El Ministerio Público argumenta que Boluarte emitió una serie de normas, incluyendo decretos supremos y decretos de urgencia, desde el Poder Ejecutivo, con el objetivo de favorecer al Gobierno Regional de Ayacucho, dirigido por Oscorima.

La denuncia ya ha sido remitida al Congreso, donde será evaluada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. De ser admitida, se iniciará el proceso correspondiente para determinar la veracidad de los hechos y la responsabilidad de la mandataria en estos presuntos actos de corrupción.

Semanas atrás la Fiscalía inició una investigación que incluyó un allanamiento a la vivienda de la presidenta y a Palacio de Gobierno. A raíz de esto, Dina Boluarte finalmente admitió que los relojes no eran de su propiedad, sino un «préstamo» del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.

Boluarte afirmó que entre ella y Oscorima existe una amistad y explicó por qué aceptó el préstamo a pesar de las múltiples investigaciones contra él por presunta corrupción. «Fue el primer gobernador que se paró firme cuando el Perú ardía en diciembre de 2022 y enero y febrero de 2023. Vino aquí con los alcaldes de la región Ayacucho y me dijo: ‘Hermana Dina, te voy a ayudar en esta pacificación. Ayacucho no se va a levantar'», detalló, refiriéndose a las protestas sociales del 15 y 16 de diciembre en esa región, donde se exigía el cierre del Parlamento y la convocatoria de nuevas elecciones.

La ley penal establece que el cohecho pasivo impropio se atribuye a un funcionario que, directa o indirectamente, acepta, recibe o solicita donativos o beneficios indebidos para realizar un acto correspondiente a su cargo, sin incumplir con su obligación. Si el funcionario acepta el soborno, se enfrenta a una pena de prisión de entre cuatro y seis años, junto con una inhabilitación de 180 a 365 días y una multa. En caso de que el funcionario solicite el soborno, la sanción es una pena de prisión de cinco a ocho años, además de la misma inhabilitación y multa.

Adicionalmente, la presidenta es investigada por el presunto delito de omisión de consignar declaraciones en documentos en agravio del Estado, un delito que puede ser castigado con hasta seis años de prisión. Dina Boluarte también está bajo investigación preliminar en la Fiscalía de la Nación por presunto enriquecimiento ilícito, un delito que conlleva una pena de 10 a 15 años de cárcel y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.