El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria aprobó formalizar y continuar con la investigación preparatoria contra el expresidente de la República, Martín Vizcarra, por el caso ‘Richard Swing’.
Al exmandatario se le imputan cargos por tráfico de influencias agravado y otros delitos.
Según lo establecido en la resolución, la fiscalía indica que Vizcarra participó en la contratación de Richard Javier Cisneros Carballido en el Ministerio de Cultura a través de nueve órdenes de servicio entre los años 2018 y 2020, sin que este cumpliera con el perfil requerido.
“Martin Vizcarra, con el fin de viabilizar su vínculo amical con Richard Cisneros, habría dado instrucciones a algunos titulares del Ministerio de Cultura para que se le contrate como promotor de espacios culturales de la entidad”, señala la resolución.
Además, se está investigando a Vizcarra Cornejo por su presunta participación en conversaciones mantenidas en el Palacio de Gobierno, donde se habría coordinado con otros funcionarios sobre cómo deberían presentar su testimonio en la investigación fiscal relacionada con la contratación de Richard Cisneros.
Después de presentar los elementos de prueba que respaldan ambos eventos, el juez decidió aprobar la continuación de la investigación preparatoria contra el expresidente Vizcarra y la exministra de Cultura, Patricia Balbuena.
Indica que la carpeta fiscal de este caso estará disponible en las oficinas de la Fiscalía de la Nación, específicamente en el Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, responsable del caso, para su revisión, obtención de copias u otros propósitos pertinentes.
También se les recuerda a las partes que los requerimientos y solicitudes presentados por escrito deben ser respaldados durante la audiencia pública, con la advertencia de que podrían declararse inadmisibles en caso de que el solicitante no esté presente.
Igualmente, insta a los abogados particulares de cada uno de los investigados a cumplir con su obligación de asistir a las citaciones judiciales para las audiencias programadas, advirtiéndoles que, en caso de no hacerlo, podrían ser excluidos, sancionados o reemplazados por un Defensor Público.