POR. DR. RAFAEL ENRIQUE AZÓCAR PRADO
Un grueso sector de la población empobrecida en esta ciudad ignora que reclamar por sus derechos, denunciar el «pillaje» de sus autoridades y funcionarios corruptos les traería beneficios directos, tanto a ellos como a sus hijos. Todo el dinero robado a las arcas públicas por parte de los alcaldes y sus funcionarios pueden servir para pavimentar sus calles, sembrar árboles en sus parques, instalar postes de luz, dotarlos de agua y desagüe, ofrecerles mejor seguridad en sus calles, etc.
Antes que el dinero robado se guarde en paraísos fiscales panameños, se convierta en la compra de bienes inmuebles, o antes que ese dinero mal habido sea repartido entre funcionarios judiciales, malos policías y corruptos periodistas, el pueblo empobrecido debe sacudirse de ese temor servil y alzar su voz de protesta contra este saqueo de las arcas públicas.
De los beneficiados del “crecimiento económico”, de los enriquecidos por el favorable intercambio comercial con Chile, de los que tienen un trabajo estable en el sector público, de los que deben “favorcitos” por el empleo al hijo o al sobrino, de los “hermanitos”, de los compadres y paisanos, de los falsos periodistas, de los gerentes de medios radiales vendidos, de los que se vanaglorian de tener educación universitaria, de aquellos intelectuales de pupitre y temor servil, de todos ellos: no se puede esperar nada. nada de nada.
Indigna que callen (por cobardía o indiferencia) los que pueden alzar su voz, los que pueden usar su pluma, los que dicen conocer la región y su historia, los que educan a las generaciones futuras, los que dicen «amar a su pueblo como a una madre», los que se dicen intelectuales y los que se autoproclaman LUCHADORES SOCIALES. El silencio de quienes pueden y deben alzar su voz es más ominoso. Indigna profundamente que todos ellos sean indiferentes ante la corrupción de las autoridades municipales y regionales y ante la conducta canalla de algunos medios de comunicación.
Ante la perversión de los principios de la gestión de la “cosa pública”, por parte de los políticos corruptos, ante la corrupción secular de la administración de justicia y ante la distorsión escandalosa de la información que hace un periodismo ávido de poder, queda al pueblo organizado, al pueblo empobrecido, ejercer su legítimo derecho a la protesta.
Que nadie se sorprenda si un día la indignación popular se desborda, pues no tienen derecho a reclamar los que, estando llamados a liderar, prefirieron abdicar a su sagrado deber de poner a su pueblo por encima de sus intereses personales o de grupo.
