La reciente seguidilla de accidentes causados por cisternas bolivianas en territorio peruano ha generado alarma en las autoridades regionales y nacionales. Frente a esta situación, las Cancillerías de Perú y Bolivia vienen preparando una reunión bilateral clave para abordar esta problemática. Así lo confirmó el jefe de la Oficina Regional de Diálogo y Prevención de Conflictos del Gobierno Regional de Moquegua, Milar Zenteno Mejía.
Según Zenteno Mejía, desde el 2022 hasta la fecha se han registrado 16 accidentes ocasionados por cisternas bolivianas, varios de ellos con derrames de hidrocarburos que han dejado comunidades sin agua por días, además de impactos ambientales severos. En todos los casos, los gobiernos regionales y locales han tenido que asumir los costos de atención y remediación, que bordean los dos millones de soles por evento.
“Esto no puede seguir ocurriendo. El Estado peruano no puede seguir cargando con los pasivos ambientales de empresas privadas extranjeras. Por eso nos hemos sentado con la Cancillería para que este tema se trate a nivel diplomático con Bolivia”, señaló el funcionario.
REVISIÓN DE ACUERDOS Y SEGUROS DESACTUALIZADOS
Uno de los puntos identificados en las reuniones técnicas previas con la Cancillería es que desde 1990 no se han actualizado las garantías ni las pólizas de las empresas de transporte bolivianas que operan en el país. Esta falta de modernización impide exigir responsabilidades económicas claras en caso de desastres.
Zenteno Mejía reveló que Cancillería ya ha tomado cartas en el asunto y que entre la segunda y tercera semana de junio se espera presentar la posición oficial de Perú ante Bolivia. “Nos estamos preparando para esa reunión con una propuesta coherente, técnica y legal. Queremos que Bolivia escuche una postura clara del Perú y que se generen acuerdos concretos”, puntualizó.
UN PROBLEMA CON MÚLTIPLES IMPACTOS
Los accidentes no sólo han generado daños ambientales. En algunos casos, poblaciones enteras quedaron sin agua potable por hasta seis días, afectando la salud pública y el riego agrícola. A esto se suma el gasto millonario que asumen las entidades públicas: “Es dinero que se pierde. El principio de ‘quien contamina, paga’ no se está aplicando porque las empresas responsables no asumen su parte”, recalcó.
PARTICIPACIÓN MULTISECTORIAL
El jefe de la Oficina Regional de Diálogo explicó que en este proceso también se está incluyendo a entidades como el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Transportes, el COER, así como SUNASS, las EPS y las autoridades locales de agua. En mayo, se enviará formalmente una propuesta para ampliar esta participación en las siguientes reuniones técnicas.
“Es importante que las entidades directamente afectadas —las que han tenido que gastar en remediación— participen. Así podrán exponer directamente a Cancillería la magnitud del problema y lo que representa para las regiones”, indicó.
CAMINO HACIA UN ACUERDO BINACIONAL
Si bien aún no hay una fecha exacta definida para la reunión diplomática, ya se ha establecido el rango: entre la segunda y tercera semana de junio. La expectativa es que se abra un proceso de negociación binacional que derive en la actualización del marco regulatorio sobre transporte internacional de mercancías peligrosas.
Zenteno Mejía subrayó que este problema no es exclusivo del transporte de hidrocarburos, sino que refleja una costumbre peligrosa de operar sin regulación estricta, tanto en el transporte como en el sector minero. “El caso más emblemático es el de Aruntani. Las mineras tampoco asumen sus pasivos ambientales. El Estado está cargando con todo y eso debe cambiar”, advirtió.
