POR: DRA. VANNESA ROMERO MEDINA
El asesinato de funcionarios encargados de proveer seguridad o que están involucrados en la administración de justicia se considera un delito de homicidio agravado, lo cual intensifica su gravedad.
La comisión de este delito en contra de miembros de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, jueces del Poder Judicial, fiscales del Ministerio Público, miembros del Tribunal Constitucional o cualquier autoridad electa por votación popular, podría resultar en una condena de prisión de entre 25 y 35 años. Este tipo de homicidio está estrictamente definido como homicidio calificado dentro del sistema penal.
La sanción impuesta variará en función de las circunstancias específicas del crimen, tales como el empleo de armas, actos de extrema crueldad, motivación por lucro o la intención de encubrir otro delito. Estos factores pueden llevar a la aplicación de la pena máxima prevista por la ley.
Atentar contra la vida de un funcionario público constituye un ataque directo a la seguridad de la sociedad. De manera similar, un ataque contra un magistrado representa un intento de socavar la integridad de los procesos judiciales, añadiendo así una mayor gravedad a la infracción penal.