El abogado Mario Amoretti Pachas advirtió que los alcaldes que desvían fondos públicos para financiar protestas, marchas o paralizaciones cometen el delito de peculado. Según declaró al portal RCR Red de Comunicación Regional, los frentes que reciben estos recursos también incurren en el delito de receptación.

USO INDEBIDO DE FONDOS PÚBLICOS

Amoretti Pachas explicó que cualquier funcionario que maneje fondos públicos, ya sea alcalde, gobernador o administrador, tiene la obligación de custodiar y asignarlos según su destino legal. «Si se apropia de ese dinero para entregarlo a una entidad ajena, está incurriendo en peculado», sostuvo en RCR.

Señaló que la malversación ocurre cuando los recursos se usan en un proyecto distinto al previsto, mientras que el peculado se configura cuando el dinero se desvía a fines no relacionados con la administración pública.

COMPLICIDAD Y SANCIONES PENALES

El abogado detalló que quienes reciben los fondos también pueden ser procesados penalmente. «Aunque no sean funcionarios, se les considera cómplices del delito», advirtió.

Además, alertó que, si en estas movilizaciones se producen actos de violencia o daños a la propiedad pública, la pena podría agravarse. «En esos casos, el uso indebido de fondos públicos puede llevar a cadena perpetua», indicó.

FISCALÍA Y CONTRALORÍA DEBEN ACTUAR

Amoretti señaló que la Fiscalía es la entidad encargada de realizar acciones de control inmediato frente a estos casos. «La Contraloría interviene después, una vez que la denuncia ha sido hecha pública», explicó.

Finalmente, criticó que el Congreso y el Ejecutivo utilicen el término «terrorismo urbano» en lugar de aplicar las penas ya establecidas. «Eso es una estafa para la población, porque las sanciones existen, pero no las aplican adecuadamente», concluyó. (Con información de RCR).