POR: ABOG. LUIS MIGUEL CAYA SALAZAR
Este lunes 28 de octubre, el expresidente Martín Vizcarra enfrenta el inicio de su juicio oral por presunta colusión y cohecho, una fase decisiva en las investigaciones por corrupción que han perseguido su carrera política desde sus días como gobernador regional de Moquegua. A pesar de sus intentos por frenar el proceso, el pedido de nulidad presentado por Vizcarra no ha logrado detener el inicio del juicio oral, en el que la Fiscalía buscará probar que el exmandatario recibió sobornos para adjudicar contratos de obras públicas en la región que gobernó entre 2011 y 2014, para lo cual ha solicitado 15 años de cárcel.
La defensa de Vizcarra había presentado recientemente un recurso de nulidad con el objetivo de suspender el juicio, alegando que se había vulnerado el principio de «non bis in ídem,» que impide ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Según su defensa, el proceso aún no ha concluido para todas las imputaciones en su contra, lo cual hace improcedente el inicio de la fase oral. Además, argumentaron que no existe un auto de enjuiciamiento por el delito de colusión, lo que, según ellos, vulnera el debido proceso.
Sin embargo, estos intentos son solo estrategias dilatorias, como las que se dieron en todo este proceso. Estos recursos presentados por la defensa de Martín Vizcarra son una señal de desesperación y de miedo ante la posibilidad de una condena en su contra.
Vizcarra Cornejo está bajo la lupa por haber recibido sobornos durante su gestión como gobernador regional de Moquegua (2011-2014) a cambio de favorecer a empresas en la adjudicación de contratos de infraestructura pública.
La Fiscalía sostiene que Vizcarra recibió pagos ilegales en relación con el proyecto del Hospital de Moquegua y el Proyecto Lomas de Ilo. Estos fondos habrían sido entregados como sobornos por empresas interesadas en asegurarse las licitaciones. La evidencia principal de la acusación se basa en testimonios de colaboradores eficaces que aseguran haber presenciado o participado en la entrega de dinero. Además, documentos, conversaciones telefónicas y correos electrónicos que la Fiscalía ha recopilado respaldan la hipótesis de los fiscales, quienes han expuesto a Martín Vizcarra como parte de un esquema de corrupción complejo y extendido.
La defensa de Vizcarra ha intentado en repetidas ocasiones que el caso fuera archivado, argumentando que la evidencia presentada por la Fiscalía es insuficiente y se basa en declaraciones sin sustento material. Sin embargo, la jueza a cargo del caso rechazó los pedidos de archivo y sobreseimiento, al considerar que las pruebas y testimonios reunidos son suficientes para avanzar al juicio oral. Este revés legal refuerza la percepción de que Vizcarra enfrenta serias dificultades para evadir este proceso.
TEORÍA DEL CASO
La teoría del caso presentada por el Ministerio Público contra Martín Vizcarra sostiene que, durante su tiempo como presidente regional de Moquegua, Vizcarra habría solicitado y recibido sobornos de empresas constructoras para asegurar la adjudicación de contratos de infraestructura pública. Estas acciones, según la Fiscalía, constituyen el delito de cohecho pasivo propio, y su proceder incluye la recepción directa de dinero y otras ventajas indebidas en contravención a sus deberes como funcionario público.
PUNTOS CLAVE DE LA ACUSACIÓN
Solicitud de Sobornos: La acusación específica que Vizcarra habría pedido dinero y otros beneficios para facilitar la adjudicación de dos proyectos emblemáticos en Moquegua: la construcción del Hospital de Moquegua y el proyecto de ampliación de la frontera agrícola Lomas de Ilo. Los sobornos habrían sido solicitados a través de intermediarios y en reuniones planificadas, en las que Vizcarra coordinó los pagos con representantes de las empresas Obrainsa e ICCGSA.
Pruebas de Comunicaciones y Testimonios: El Ministerio Público ha presentado como pruebas principales registros de comunicaciones y testimonios de colaboradores eficaces que indican que Vizcarra coordinó los pagos con personas de confianza. Estos registros, junto con declaraciones de testigos clave, como José Manuel Hernández y Elard Tejeda, corroboran las reuniones y los montos específicos que se habrían acordado como parte de los sobornos.
Impacto en la Adjudicación de Contratos: La Fiscalía argumenta que estos pagos ilícitos no solo beneficiaron económicamente a Vizcarra, sino que además influyeron directamente en las decisiones administrativas del Gobierno Regional, otorgando ventajas indebidas a ciertos consorcios. Esto, según la teoría de la acusación, configura un abuso de poder que infringió los principios de transparencia y legalidad esperados de un funcionario público de alto nivel.
DATOS DEL PRIMER JUICIO A VIZCARRA
Penas Solicitadas: El Ministerio Público solicita una pena de 15 años de prisión para Martín Vizcarra. Esto se basa en los cargos de cohecho pasivo propio, con agravantes relacionados con la recepción de sobornos en la adjudicación de contratos durante su gestión como presidente regional de Moquegua. Además, la Fiscalía también solicita 09 años de inhabilitación y una multa de S/151,580.00 en relación con el perjuicio causado al Estado.
Reparación Civil: El Ministerio Público ha solicitado una reparación civil de S/2,071,971.30 por el primer caso relacionado con el proyecto de Lomas de Ilo y S/2,600,000 por el segundo caso del Hospital de Moquegua, sumando un total de S/4,671,971.30. Esta cantidad está destinada a compensar el daño causado al Estado peruano, y se espera que la suma sea asumida de forma solidaria entre Vizcarra y las empresas involucradas como terceros civilmente responsables.
