POR: JULIO FAILOC RIVAS
El peligro que significa Vizcarra como candidato al Congreso –y que venimos advirtiendo desde esta columna– parece ser corroborado por las cifras recientes de las encuestas. Según DATUM, el 56% de la población no votaría por ninguno de los candidatos o todavía no saben por quién votar; y en contraste, esa misma cifra (56%) está de acuerdo con su postulación.
Si a lo señalado, le agregamos que el 46% cree que Vizcarra postula al Congreso para proponer reformas (cifra mucho mayor a la gente que lo cree culpable de los delitos que se le imputa cuando fue gobernador de Moquegua), es como para que los congresistas golpistas y los candidatos presidenciales empiecen a preocuparse sobre lo que les depara el futuro cercano.
La pregunta obligada: ¿Intentarán inhabilitar al expresidente Vizcarra para que postule al Congreso recurriendo a artilugios constitucionales?
Yo creo que sí.
Es más, la operación “mata tu candidato” ha empezado con la eliminación de la inmunidad parlamentaria -que el Congreso se ha visto obligado a aprobar- cuyo propósito es quitarle el eje de campaña al candidato Vizcarra, y al mismo tiempo, reducir la presión de las calles y ganarse alguito.
Pero eso no es todo. La maquinaria “exprés” congresal viene, desde hace algún tiempo, aprobando una serie de leyes, varias de ellas anticonstitucionales, con el propósito de debilitar al gobierno, además de ganarse a un sector importante de la población a costa del erario nacional. La devolución de los aportes de la ONP, la eliminación del régimen CAS, la formalización del taxi colectivo, la creación de municipalidades distritales, la reposición de los maestros, entre otros, si bien son reivindicaciones importantes, varias de ellas van a ser observadas por el ejecutivo.
La reciente encuesta de Apoyo revela los efectos en la dirección señalada. Sagasti cuenta con un apoyo del 44%, solo a 9% de su desaprobación que bordea 35%. Caso contrario ocurre con el Congreso que ha subido en 11% luego de la vacancia en contra de Vizcarra. Estas cifras son preocupantes porque no deja de alejar el fantasma de una nueva vacancia anunciada por Ricardo Burga, a quien se le escapó vía zoom, esta malévola intención. ¿Estarán esperando mejorar la imagen del Congreso y el momento más propicio?
No es descabellado pensar en un nuevo intento de vacancia, sobre todo ahora que necesitan solo de la mayoría simple para censurar a la mesa directiva y asirse del poder absoluto (ejecutivo y legislativo). Con ello matarían tres pájaros de un tiro: se bajarían a Sagasti, bloquearían a Vizcarra con un juicio político para inhabilitarlo y asaltarían el TC, que es lo que realmente les interesa para blindarse en el futuro de cualquier acusación constitucional.
Para bloquear la candidatura de Vizcarra apenas tienen que forzar la aplicación de los artículos 99 y 100 de la Constitución. En el primer caso, solo hace falta que la comisión permanente acuse al expresidente de haber cometido un delito en el ejercicio de sus funciones y, en el segundo caso, el Congreso tendría que suspenderlo o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por diez años. Así de simple pueden bloquear la candidatura de Vizcarra al Congreso y recortarle sus aspiraciones presidenciales del 2026.
El problema de los congresistas vacadores –como lo señala Eduardo Dargent y como lo hemos venido repitiendo en esta columna– es construir un discurso que nos haga creer que son los defensores del pueblo contra los corruptos, cuando la mayoría de sus acompañantes son vistos como parte de esta mafia corrupta.
Las calles tienen la palabra, y ¿por qué no decirlo?, también el poder real.