Tras reunirse con el presidente Martín Vizcarra el lunes último, Omar Candia, alcalde provincial de Arequipa, expuso los temas dialogados con el mandatario. En la conversación se habló sobre las alternativas para poner fin a la confrontación por Tía María. El alcalde de Arequipa propuso que la propia Southern pida al Gobierno la suspensión de la licencia de construcción de la mina. Un gesto que atendería a la demanda inicial de los manifestantes.
“Hay un mecanismo de componer los problemas, que es por acuerdo de las partes. Si Southern y el presidente firman un acta que acuerdan suspender la licencia de construcción, o una acción, conciliación extrajudicial, de mutuo acuerdo, se podría lograr”.
No obstante, la propuesta no tuvo buena recepción de parte de Southern. Vizcarra le indicó a Candia que la empresa se negó a aceptar esa opción. Por ello, el alcalde optó por hacer pública su propuesta y que la empresa tome una decisión. “Si ellos (Southern) son sensatos pedirán al gobierno que se proceda la suspensión de la licencia”, expresó.
En la reunión con Vizcarra también se conversó sobre los plazos del proceso de revisión. Pidió que el jefe de Estado interceda para el acortamiento de los plazos. La respuesta del presidente es que entre fin de semana e inicios de la próxima se tendrá respuesta al recurso.
LAS CONTRACAMPAÑAS DE SOUTHERN
Por otra parte, el alcalde valoró negativamente el financiamiento que la empresa brindó a la campaña “Arequipeños por Arequipa”. Como se recuerda, uno de los voceros del colectivo (Luis Zapata) reconoció que la tanda publicitaria en el primetime de televisoras nacionales lo pagó la minera.
“Es un desatino. Si esa es una estrategia de la empresa, es un desatino. Lo que está haciendo es que pierdan legitimidad. Y que además la gente tenga la sensación de desconfianza generalizada. No creo que esa estrategia vaya a resultar a Southern”.
Del mismo modo, criticó los actos de vandalismo registrados durante el paro en estos días. Si bien existe el derecho a protestar, sostuvo que esto no debe afectar la libertad de las personas ni justificar agresiones a personas y propiedades. Similar postura tuvo con la intervención de las fuerzas armadas en Islay, y pidió que se reduzca la represión.