Marilú Marroquín León, expresidenta de la Junta de Usuarios Ensenada-Mejía-Mollendo, advirtió que la Ley 32339 —promulgada el 20 de mayo de 2025— pone en riesgo la dotación de 8.2 millones de metros cúbicos (MMC) que recibe la provincia de Islay desde la represa Pasto Grande durante la época de estiaje.
“Esta ley es una más en contra de Islay. Ahora podrían anteponerla a cualquier resolución o convenio y quitarnos el agua”, declaró Marroquín.
NUEVA NORMA FAVORECE A MOQUEGUA
La Ley 32339 declara de interés nacional la ampliación de la frontera agrícola en Moquegua, específicamente en los valles de Ilo, Torata y en el proyecto especial Pasto Grande. Marroquín denuncia que esta legislación omite toda mención a la cuenca Tambo y a la provincia de Islay.
“Nos están dejando fuera de toda planificación. No se menciona ni a Puno ni a Islay. Solo se prioriza a Moquegua como si fueran dueños únicos del río”, agregó.
RIESGO LEGAL Y POLÍTICO
El agua que recibe Islay cada año se otorga mediante resoluciones administrativas o decretos. Sin embargo, Marroquín advierte que una ley tiene mayor jerarquía y podría invalidar esos mecanismos.
“¿Qué vale una resolución ante una ley? Nada. Los moqueguanos ya tienen una norma que les respalda”, señaló.
Además, sostuvo que la ampliación del sistema Pasto Grande permitiría el riego de unas 15 mil hectáreas en zonas como Pampa Pan de Azúcar, Quebrada Seca, Cuesta de Bronce, entre otras, lo cual justificaría la retención del recurso hídrico.
PIDEN ACCIÓN DE AUTORIDADES
Además de referirse a los autoconvocados del valle de Tambo para tomen cuenta de este hecho y se pronuncien, la dirigente hizo un llamado a las juntas de usuarios, autoridades regionales y a los congresistas de Arequipa para que actúen frente a esta situación. Sin embargo, se mostró escéptica ante el compromiso de algunos legisladores.
“Hemos hablado con congresistas como Jaime Quito, pero se van a Lima y se olvidan. La población presiona, pero nadie responde”, lamentó.
Marroquín también criticó duramente que Islay sea vista como el “desagüe de la cuenca”, sin recibir atención ni defensa política.
