De lo señalado en artículos anteriores podríamos inferir que la “licencia social” no se obtiene en un acto, sino que exige de un proceso permanente de gestión, negociación, tensión y acuerdo, entre la comunidad y la empresa minera, donde la confianza juega un rol crucial. Sin confianza no hay licencia social, es decir, se empieza a perder cuando surge la desconfianza. Dicho de otro modo: la licencia social tiene una relación directa con la confianza. De allí los elementos claves del proceso son la legitimidad y la credibilidad
Para mejor aclaración de cómo se obtiene la licencia social tomaremos un caso emblemático de licencia social que conozco de muy cerca: el proyecto Pucamarca-Minsur, una mina que no usa agua de consumo humano ni para la agricultura. Este proyecto hoy está considerado como una de las minas más modernas del mundo, que produce oro y está en su quinto año de operación, ubicada en el distrito de Palca, provincia y departamento de Tacna, en las comunidades de Vilavilanni, Palca y Ataspaca.
A inicios del 2001 Minsur obtiene las concesiones mineras, logrando la aceptación (ojo, no la aprobación), con las comunidades de Palca y Vilavilanni. Hubo una buena comunicación con las comunidades. Se llegan a acuerdos, permitiendo la exploración, generaron trabajo, se crearon cuadrillas de trabajadores en las etapas de perforación, construcción de caminos, mantenimiento del campamento, por dos o por meses un grupo y después otro. Todo estaba coordinado por la comunidad logrando la confianza y la licencia social.
No obstante, de contar con la aprobación de las comunidades de las zonas de influencia directa del proyecto, a inicios del año 2009, se inicia un movimiento de oposición de la periferia al proyecto, de la ciudad de Tacna, cuando se empezaron a socializar los EIA. Los talleres de socialización del EIA en el distrito de Palca prácticamente fueron invadidos por los sectores opositores en alianza con algunos medios de comunicación importantes que le dieron cobertura en la ciudad de Tacna. El conflicto creció cuando Minsur negó al presidente de la región de postergar por dos meses la Audiencia de presentación del EIA en Tacna. En la ciudad se llegó a movilizar más de 5 mil personas en contra del proyecto. Es en éste contexto dónde crece la desconfianza al proyecto y junto con ello Pucamarca pierde la licencia social otorgada por las comunidades.
En el mes de octubre del 2009, Minsur redefine su estrategia de comunicación y de relacionamiento. La estrategia, encabezada por la gerente general de la Unidad Minera, se basó en transparentar al máximo la información partiendo de las preocupaciones sociales y ambientales de la población, las visitas guiadas al proyecto minero, explicando en campo cada componente del proyecto minero de manera que se diseminen los miedos de la población. Paralelamente a este proceso en el 2010, al comprobar la existencia de mineral suficiente, se firman los contratos al llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes logrando nuevamente la licencia social de las comunidades.
Sin embargo, Teniendo Minsur todos los permisos para iniciar la construcción de la Mina y también expedito el Estudio de Impacto Ambiental surgieron reclamos por parte de la Comunidad de Vilavilanni -Charipujo que reclamaba ciertos derechos territoriales, ambiéntales y laborales. Corría el mes de abril de 2010 y en una de sus medidas se llegó a tomar control de acceso a la futura mina. Se iniciaba un nuevo conflicto que se sumaba a los existentes en Tacna, haciendo que perdiera por tercera vez la licencia social otorgada por las comunidades.
La intermediación oportuna de la prefectura entre la empresa y las comunidades logro que los diálogos entre las partes den pie a la reconstrucción de la confianza. El tratamiento de la relación laboral, los beneficios sociales, la contratación directa a miembros de la comunidad en la etapa de construcción, la conformación de un Comité Conjunto Minsur- Comunidad de Vilavilanni, para la verificación del cumplimiento de acuerdos y convenios y la ejecución de un Fondo de Desarrollo y la negociación de servidumbres. A ello se sumó la apertura de la empresa para generar mecanismos de participación ciudadana en el control y monitoreo de la calidad de agua, la creación de una red social compuesta por líderes y lideresas de las principales organizaciones sociales como espacios informativos y de rendición de cuentas sobre los avances del proyecto hizo aumentar la credibilidad y la confianza en el proyecto Pucamarca, y de la misma forma la recuperación de la licencia social.
Al quinto año de funcionamiento, Pucamarca mantiene intacta la licencia social otorgada por las comunidades y del entorno minero, la misma que se ha consolidado al lograr casi todos estos años de operación minera el premio nacional como a mina más segura. A estos logros, se sumó su admisión al Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM), con sede en Londres. Se trata de un importante conjunto formado por no más de 25 grandes empresas que han acordado seguir las reglas de sostenibilidad y elevar los estándares de minería mundial como lo viene demostrando en la Unidad Pucamarca.
Avanzar hacia el bicentenario con una nueva ley de minería que exija un tipo de minería del altos estándares internacionales y comprometidas con el desarrollo del país es una tarea que el estado tiene que asumir de manera responsable.
