El Tribunal Constitucional (TC) declaró improcedente la demanda de hábeas corpus presentada por Marta Mariela Coaquira Zeballos, exresponsable de almacén del Gobierno Regional de Moquegua, quien buscaba anular las resoluciones judiciales que la condenaron a seis años de pena privativa de libertad por el delito de colusión agravada, relacionado con irregularidades en la adquisición de asfalto líquido para una obra vial.
La decisión está contenida en la Sentencia N.º 1761/2026, expediente N.º 04004-2025-PHC/TC, emitida el 26 de octubre de 2026 y publicada este domingo 15 de noviembre en el diario oficial El Peruano.
El pronunciamiento deja sin anulación las sentencias penales cuestionadas, al establecer que los argumentos de la demandante pretendían una nueva valoración de las pruebas examinadas por la justicia ordinaria.
EL CASO DE LOS 470 GALONES DE ASFALTO
Como informó Diario Prensa Regional, los hechos ocurrieron durante 2014 (gestión de Martin Vizcarra CornejO9, en la ejecución del proyecto «Mejoramiento de la red vial departamental Moquegua–Arequipa, tramo MO-108», a cargo del Gobierno Regional de Moquegua.
La investigación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios determinó que se había otorgado conformidad a la adquisición de 8.470 galones de asfalto líquido, pese a que la documentación de transporte acreditaba solamente 8.000 galones.
La diferencia de 470 galones no entregados ocasionó un perjuicio económico de S/ 5.271,70 a la entidad regional, importe incluido en un pago total de S/ 94.101,70 efectuado a la empresa ASFA Perú E.I.R.L., según la información fiscal recogida entonces por este diario.
En ese proceso fueron sentenciados el entonces residente de obra, Luis Mora Hinostroza, y la responsable de almacén, Marta Mariela Coaquira Zeballos, como autores de colusión agravada. También fue condenado el proveedor Ulianov Aguilar Romero, en calidad de cómplice.
La sentencia de primera instancia fue emitida el 19 de enero de 2023, mientras que la condena contra Coaquira Zeballos fue confirmada por la Sala Penal de Apelaciones de Moquegua el 24 de julio del mismo año.
EXTRABAJADORA CUESTIONÓ VALORACIÓN DE PRUEBAS
El 15 de febrero de 2025, Coaquira Zeballos interpuso una demanda de hábeas corpus contra los magistrados que participaron en las decisiones judiciales.
Sostuvo que su condena carecía de motivación suficiente y que no se había acreditado que sus funciones como almacenera comprendieran la verificación de las guías de remisión ni la contabilización del asfalto recibido.
La defensa cuestionó la valoración de los documentos de transporte, las anotaciones del cuaderno de almacén y las inferencias utilizadas para establecer su participación en los hechos.
Por su parte, la Sala Penal de Apelaciones había considerado acreditada su intervención en el registro de una cantidad de asfalto superior a la efectivamente entregada, mediante documentación que permitió sustentar el pago correspondiente al proveedor.
TC DESCARTA REVISAR NUEVAMENTE LA CONDENA
Al resolver el recurso, el Tribunal Constitucional señaló que el hábeas corpus no constituye una instancia adicional para revisar la apreciación de los hechos, la suficiencia de los medios probatorios o la responsabilidad penal determinada por los jueces ordinarios.
El colegiado consideró que los cuestionamientos planteados estaban dirigidos fundamentalmente a reexaminar las pruebas del proceso penal, sin que se advirtiera una actuación judicial manifiestamente irrazonable o una vulneración constitucional que justificara su intervención.
En consecuencia, declaró improcedente la demanda, aplicando el artículo 7, inciso 1, del Nuevo Código Procesal Constitucional.

