POR: EDGARD NORBERTO “BETO” LAJO PAREDES
Hasta los años 70 del siglo XX, en Mollendo y la provincia de Islay existían fábricas privadas de conservas de pescado, azúcar, gaseosas, fideos, escobas, entre otros bienes; también hubo empresas de transporte de pasajeros en tren (vía férrea) y en barco (vía marítima). Estas fueron extinguiéndose hasta desaparecer. Llegaron a instalarse en Mollendo 19 consulados de varios países, especialmente de Europa, que funcionaron hasta los años cincuenta; con la desaparición del Puerto de Mollendo se retiraron, quedando el de la hermana República de Bolivia, que permaneció hasta los años ochenta; en la actualidad, no hay ningún consulado.
EL PRIMER DRAMA: EL PUERTO DE MOLLENDO
Este fue el primer drama: la desaparición del Puerto de Mollendo y la apertura del Puerto de Matarani. Mis paisanos creyeron que iba a desaparecer el pueblo de Mollendo y que todos tendrían que trasladarse al distrito de Islay; por ende, dejar sus casas y empezar de nuevo. Les vino el recuerdo de lo sucedido con el Puerto de Santa Rosa de Islay, que fue cerrado, trasladándose sus operaciones a Mollendo y dejando de tener vida tanto el puerto como el pueblo de Islay. Ahora solo quedan vestigios; es Patrimonio Cultural. Felizmente, el pueblo de Mollendo continuó hasta hoy. Pero requiere de desarrollo integral efectivo.
EL SEGUNDO DRAMA: LAS EMPRESAS PÚBLICAS
En la década de los 70, dentro del plan de nacionalización del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, encabezado por el Gral. Juan Velasco Alvarado, se erigieron empresas públicas: Enapu Perú, Enafer Perú, Pesca Perú, Entel Perú, Siderperú y Petroperú (Parque de Hidrocarburos). Las haciendas azucareras Chucarapi y Pampa Blanca, por la Reforma Agraria, fueron convertidas por los burócratas en la Cooperativa Agraria de Producción (CAP) Chucarapi-Pampa Blanca; en teoría, eran empresas y unidades económicas del pueblo, de los trabajadores, del Estado. Este modelo se mantuvo, con cambios y diferencias entre empresas, durante las siguientes dos décadas.
En los años noventa, con la irrupción del Ing. Alberto Fujimori, se emitieron más de 100 decretos legislativos, con los cuales se flexibilizó la legislación laboral —se suprimió la estabilidad laboral, se restringieron las negociaciones colectivas, se iniciaron despidos de trabajadores en procesos de racionalización y se propició la nulidad de pactos colectivos sindicales suscritos con empleadores—; implacablemente se estableció la economía de mercado, se suprimieron subsidios, se derogaron normas reguladoras de la actividad empresarial, se destruyó el proteccionismo industrial y se abrieron las fronteras a la inversión privada extranjera.
Asimismo, se implantó la privatización de las empresas públicas, lo que afectó a Mollendo, pues varias de las supramencionadas empresas dejaron de operar bajo el régimen estatal que habían tenido, quedando Petroperú —con otro régimen—, la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (SEAL) y Sedapar. La CAP Chucarapi-Pampa Blanca fue transformada por los propios trabajadores-socios en sociedad anónima. Este episodio histórico-económico constituye el segundo drama.
EL TERCER DRAMA: EL AGUA DEL RÍO TAMBO
El tercer drama se da desde fines de los años 80, con los problemas relacionados con la cantidad y calidad del agua del río Tambo, ante la ejecución de represas en la región Moquegua —cuyos compromisos de provisión de agua no se cumplen—, añadiéndose posteriormente la contaminación hídrica por relaves mineros, con las secuelas que ello implica, sin solución hasta hoy, no obstante leyes, reclamos y compromisos.
EL CUARTO DRAMA: LOS GRANDES PROYECTOS
Por último, tenemos un cuarto drama: la no realización de proyectos de envergadura; la no construcción de represas en el valle de Tambo; el alejamiento de la petroquímica en Matarani; el retraso del Puerto de Corío, concebido y propuesto antes que Chancay por el Gobierno Regional de Arequipa durante la presidencia del Ing. Daniel Vera Ballón —quien ha publicado el libro testimonio “CORÍO Geopolítica, Desarrollo y Oportunidad en el Sur del Perú”—; la no continuación de la Ciudad Tecnológica en Punta de Bombón; la no implementación del Proyecto Especial Tambo; y que la otrora Ceticos, hoy Zona Especial de Desarrollo (ZED) Matarani, no haya dado los resultados esperados. En cambio, Tía María, a pesar de la tenaz oposición durante más de una década, se está llevando a cabo y está muy avanzado.
El problema radica en la ausencia de líderes capaces y visionarios en la gestión local, regional y nacional. Los que han ejercido como alcaldes y regidores provinciales y distritales, consejeros regionales —exceptuando a Eduardo Velásquez, quien merece un homenaje—, han sido incompetentes en gestionar la ejecución de obras trascendentales ante las instancias regionales, nacionales e internacionales.
Que esta reflexión sirva para elegir bien. Vuelvo a reiterar: “Si queremos buenas autoridades, primero seamos buenos electores”.
