El Órgano de Control Institucional (OCI) del Gobierno Regional Moquegua detectó intervenciones preventivas sin gestión, financiamiento o inicio físico frente al Fenómeno El Niño 2026-2027. El Informe de Visita de Control N.° 015-2026-OCI/5347-SVC identificó tres situaciones adversas en puntos críticos de ríos y quebradas de la región.
PRENSA REGIONAL YA HABÍA ALERTADO LA BAJA EJECUCIÓN
La advertencia de Contraloría se conoce después de que Prensa Regional publicara, el 20 de julio, un artículo de Luis Miguel Caya Salazar sobre la ejecución del Programa Presupuestal 0068: Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres.
La publicación, elaborada con información del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al 17 de julio de 2026, señaló que el Gobierno Regional Moquegua tenía un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 12 286 587 (doce millones doscientos ochenta y seis mil quinientos ochenta y siete soles), de los cuales había devengado S/ 2 678 983 (dos millones seiscientos setenta y ocho mil novecientos ochenta y tres soles).
Ello representaba una ejecución de 21,8 %, mientras el 78,2 % permanecía sin devengar a esa fecha. El análisis ubicó a Moquegua en el puesto 22 entre 25 gobiernos regionales evaluados y señaló que la Sede Central concentraba S/ 10 935 563 (diez millones novecientos treinta y cinco mil quinientos sesenta y tres soles), con un avance de 18,8 %.
Dos días después, el gerente general regional, Abraham Ponce Sosa, cuestionó públicamente el análisis. Indicó que no compartía las cifras, las calificó de incorrectas y afirmó que desconocía su procedencia, pese a que el artículo había identificado al Ministerio de Economía y Finanzas como fuente.
Ponce sostuvo que el presupuesto institucional es dinámico y que el Gobierno Regional disponía de un presupuesto superior al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA). También cuestionó la experiencia de Luis Miguel Caya en materia presupuestal. En esa respuesta no presentó cifras alternativas del mismo programa presupuestal ni un porcentaje diferente de ejecución correspondiente a la fecha examinada.
Cuando se produjo esa controversia pública, el Gobierno Regional Moquegua ya había sido notificado del informe del OCI. El documento fue emitido y comunicado el 16 de julio de 2026 a la gobernadora regional Gilia Ninfa Gutiérrez Ayala.
Si bien el informe de Contraloría no evalúa la totalidad del Programa Presupuestal 0068 difundido por La Prensa Regional, su revisión se concentra en intervenciones específicas en puntos críticos de ríos y quebradas, donde el GORE Moquegua no ha cumplido con ejecutar los trabajos preventivos. Nuevamente el gerente general Abtaham Ponce Sosa, queda mal parado. Veamos lo que dice el informe órgano de control.
DIEZ DISTRITOS EN ESTADO DE EMERGENCIA
La Visita de Control fue realizada entre el 3 y el 10 de julio de 2026 y tuvo como objetivo verificar las acciones del Gobierno Regional relacionadas con el financiamiento y la ejecución de intervenciones en puntos críticos clasificados con niveles de peligro “muy alto” y “alto”.
El control se desarrolló ante la proximidad de la temporada de lluvias y las condiciones asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027.
El informe señala que el Comunicado Oficial N.° 09-2026 de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), publicado el 15 de mayo, dispuso la activación del estado de alerta de El Niño Costero ante condiciones favorables para su desarrollo y posible prolongación hasta febrero de 2027.
Posteriormente, mediante el Decreto Supremo N.° 097-2026-PCM, publicado el 2 de julio, fueron declarados en estado de emergencia los distritos de Coalaque, La Capilla, Omate, Puquina, Quinistaquillas, Ubinas, Moquegua, San Antonio, San Cristóbal y Torata, por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales asociadas al Fenómeno El Niño.
TRES PUNTOS CRÍTICOS QUEDARON SIN ACCIONES
La primera situación adversa está relacionada con diez fichas técnicas referenciales remitidas al Gobierno Regional por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) y la Administración Local de Agua Caplina-Ocoña. Las fichas describían puntos críticos, las intervenciones recomendadas y los niveles de peligro por inundación, flujo de detritos y erosión fluvial.
Cinco de las fichas correspondían territorialmente al distrito de San Antonio y fueron remitidas por el Gobierno Regional a la Municipalidad Distrital de San Antonio. Para otras dos, la entidad regional elaboró fichas de actividad de emergencia. Sin embargo, el OCI encontró que el Gobierno Regional no inició acciones de implementación en tres puntos críticos.
El primero correspondía al río Tambo, sector Yalagua, distrito de Ubinas, donde se recomendaba ejecutar trabajos de limpieza, descolmatación y conformación de bordos con material del propio cauce.
El segundo estaba ubicado en la quebrada Palca, sector Chojata, donde también se requerían labores de limpieza, descolmatación y conformación de bordos.
El tercero correspondía al río Torata, sector San Cristóbal de Torata, distrito de Ubinas. Allí se había planteado la limpieza y descolmatación del cauce y la construcción de un dique con enrocado en la margen izquierda. Según el informe, el Gobierno Regional no inició gestiones para obtener financiamiento, no realizó coordinaciones con la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el CENEPRED u otras entidades competentes y tampoco incorporó los puntos críticos en instrumentos o acciones de gestión para atenderlos antes de la temporada de lluvias.
transcurrieron más de cinco meses desde la recepción de las primeras fichas sin que la entidad formulara las fichas técnicas definitivas, consiguiera recursos o iniciara las actuaciones necesarias para intervenir los sectores identificados. La falta de estas acciones de manera oportuna dejaría expuestas a la población, las viviendas, la infraestructura pública, las vías de comunicación y las zonas de cultivo ante posibles inundaciones, desbordes y procesos erosivos.
ACTIVIDAD EN UMALAZO QUEDÓ SIN FINANCIAMIENTO
La segunda situación adversa se refiere a la quebrada Umalzo, ubicada en la comunidad campesina San José de Umalzo, distrito de Ichuña. La ficha técnica referencial recomendaba descolmatar 190 metros lineales del cauce, en una sección promedio de 20 metros de ancho y una profundidad aproximada de 0,80 metros.
La intervención también comprendía la conformación de bordos en ambas márgenes y la eliminación de 1 839,20 metros cúbicos de material excedente.
Mediante la Resolución Gerencial Regional N.° 014-2026-GRM/GGR-GRGRD, del 17 de marzo de 2026, el Gobierno Regional aprobó la ficha de actividad de emergencia denominada “Limpieza, descolmatación y encauzamiento del río Ichuña, tramo progresiva 0+000–0+500, en la comunidad campesina San José de Umalzo”.
La actividad tenía un presupuesto de S/ 97 500,85 (noventa y siete mil quinientos con 85/100 soles), pero no recibió asignación presupuestal.
La Gerencia Regional de Gestión del Riesgo de Desastres incluyó esta actividad dentro de una cartera general de intervenciones que demandaba S/ 120 843 288,93 (ciento veinte millones ochocientos cuarenta y tres mil doscientos ochenta y ocho con 93/100 soles).
La Subgerencia de Presupuesto respondió que el presupuesto se encontraba distribuido entre las actividades y proyectos de las unidades ejecutoras y que no existían recursos de libre disponibilidad para atender el requerimiento global. También recomendó evaluar una solicitud de recursos adicionales ante el Ministerio de Economía y Finanzas.
Durante la recopilación de información, el subgerente de Presupuesto, Oswaldo Orlando Mamani Flores, declaró que el monto para Umalzo no fue asignado porque había sido solicitado dentro del paquete de S/ 120,8 millones y no de manera individual. Añadió que no existió una reiteración de la solicitud presupuestal.
SERVICIO CONTRATADO EN CHIQUILAC NO COMENZÓ
La tercera situación adversa corresponde a la quebrada Torine, sector Chiquilac, distrito de Lloque.
Mediante la Resolución Gerencial Regional N.° 015-2026-GRM/GGR-GRGRD, del 17 de marzo de 2026, el Gobierno Regional aprobó una ficha de actividad de emergencia para la limpieza y descolmatación del cauce ante el peligro inminente por intensas precipitaciones.
La ficha fue aprobada por S/ 104 335,07 (ciento cuatro mil trescientos treinta y cinco con 07/100 soles). Posteriormente, la Oficina de Logística y Servicios Generales realizó un procedimiento de selección no competitivo por causal de emergencia y contrató a la empresa Lumper S.A.C. por S/ 70 000 (setenta mil soles).
El servicio comprendía la limpieza, descolmatación, encauzamiento y conformación de bordos. El plazo de ejecución era de 20 días calendario después de la firma del acta de entrega del terreno.
La empresa fue notificada el 8 de mayo de 2026 para iniciar la prestación. Sin embargo, el 28 de mayo solicitó la nulidad del servicio.
Lumper S.A.C. sostuvo que, luego de revisar el terreno, encontró incompatibilidades con los términos de referencia. Señaló que no había material suficiente para conformar los bordos, que existían piedras de entre 40 y 60 pulgadas y que resultaría necesario ejecutar un enrocado no previsto en la ficha ni en el presupuesto.
El responsable técnico, Digbert Aldrick Aldana Lovaton, rechazó esos argumentos. En su pronunciamiento indicó que el volumen de material producto de la descolmatación superaba el requerido para formar los bordos y que los bloques rocosos eran parte de la condición geológica previamente identificada en la quebrada.
El área técnica concluyó que no existían errores, vacíos o incompatibilidades que invalidaran el requerimiento y ratificó la necesidad de ejecutar el servicio.
Pese a ello, la empresa no suscribió el acta de entrega del terreno ni inició trabajos físicos. El Gobierno Regional notificó al contratista sus descargos técnicos el 17 de junio, pero, hasta el 10 de julio, Lumper S.A.C. no había emitido un nuevo pronunciamiento.
El Órgano de Control Institucional (OCI) concluyó que las tres situaciones adversas identificadas afectan o podrían afectar la ejecución de las intervenciones preventivas ante posibles desastres naturales, en un contexto marcado por la proximidad del Fenómeno El Niño. Los hallazgos ponen en cuestión la capacidad de gestión del Gobierno Regional Moquegua, aunque corresponden solo a tres casos específicos. A ello se suma que, según el análisis publicado por Prensa Regional, el 78,2 % del presupuesto destinado a prevención de desastres permanecía sin devengar a la fecha de consulta.
El informe fue notificado el 16 de julio de 2026 a la gobernadora regional Gilia Ninfa Gutiérrez Ayala mediante el Oficio N.° 000732-2026-CG/OC5347.
