Por: Arnulfo Benavente Diaz
En Arequipa, obreros y empleados protagonizaron una huelga general convocada por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), en un contexto de profunda crisis económica derivada del Crac de 1929. Exigían mejoras salariales, la defensa de sus derechos laborales y el fin de la persecución y represión contra dirigentes sindicales y opositores por parte de las juntas militares que gobernaban tras la caída de Augusto B. Leguía.
La movilización que desencadenó la tragedia marchó hacia la plaza de Armas de Arequipa en rechazo a la prohibición impuesta por el subprefecto Abel Salazar, quien había negado el permiso para concentrarse en el centro de la ciudad. Cuando los manifestantes desafiaron la restricción, las fuerzas del orden, bajo su mando, abrieron fuego contra la multitud. Tras los hechos, Salazar huyó hacia Mollendo, donde asesinó a un trabajador portuario de apellido Ochoa. La reacción de la población fue inmediata y terminó con el linchamiento del subprefecto en el muelle.
La muerte de Abel Salazar tuvo repercusiones políticas nacionales. El país atravesaba un periodo de inestabilidad luego del derrocamiento de Augusto B. Leguía por Luis Miguel Sánchez Cerro, mientras la Junta Nacional de Gobierno presidida por David Samanez Ocampo intentaba conducir una transición marcada por el descontento social. Estos acontecimientos aceleraron la convocatoria a las elecciones generales de octubre de 1931, consideradas el inicio de una de las etapas políticas más violentas del siglo XX en el Perú.
La disputa entre Luis Miguel Sánchez Cerro, líder de la Unión Revolucionaria, y Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador del APRA, polarizó al país. La victoria de Sánchez Cerro, cuestionada por denuncias de fraude, dio paso a una etapa de enfrentamientos armados, fusilamientos y leyes de emergencia.
Las huelgas de 1931 y el linchamiento de Salazar consolidaron a Arequipa y Mollendo como referentes de la insurgencia social. La Universidad Nacional de San Agustín y los gremios ferroviarios fortalecieron un movimiento sindical combativo. Para la CGTP y los trabajadores del sur, las víctimas de la represión pasaron a formar parte de una memoria colectiva de resistencia. Los partidos de izquierda y el APRA interpretaron los sucesos como una expresión de la respuesta popular frente a un Estado opresor, mientras que los gobiernos de Sánchez Cerro y Óscar R. Benavides utilizaron estos hechos para justificar leyes de emergencia y la persecución de las organizaciones de izquierda durante las décadas siguientes.
