POR: JULIO FARFÁN VALVERDE (UDI – UNIDAD DE INVESTIGACIÓN)
Lo que comenzó como una intervención policial registrada en plena vía pública, difundida inicialmente por medios locales y posteriormente investigada por la Unidad de Investigación del Diario Prensa Regional, terminó escalando hasta el más alto nivel del Ministerio Público en el país.
La Fiscalía de la Nación emitió la Resolución Nº 1294-2026-MP-FN, mediante la cual decidió retirar al abogado Dennys Rommell Tumba Barrera del cargo de fiscal provincial provisional de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Lesiones y Agresiones contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Mariscal Nieto, en Moquegua, luego de los hechos ocurridos el pasado 20 de abril de 2026.
La decisión firmada por el Dr. Tomás Aladino Gálvez Villegas, Fiscal de la Nación, constituye uno de los pronunciamientos institucionales más rápidos contra un magistrado en funciones en la región Moquegua, pues la propia resolución reconoce expresamente que la conducta atribuida al fiscal habría afectado el principio de probidad y dañado la imagen institucional del Ministerio Público.
La medida se produce luego de varios días de creciente presión pública y mediática, tras conocerse que Tumba Barrera habría sido intervenido por la Policía Nacional del Perú cuando presuntamente conducía un vehículo en aparente estado de ebriedad en la calle Áncash del Cercado de Moquegua, protagonizando además incidentes en la vía pública, daños materiales y presunta resistencia a la autoridad.
LOS HECHOS QUE DESENCADENARON LA CAÍDA
La noche del 20 de abril de 2026 marcó el inicio de este escándalo para el Ministerio Público en Moquegua.
Tal como informó la UDI de Prensa Regional, el fiscal Dennys Rommell Tumba Barrera fue intervenido por efectivos policiales en inmediaciones del colegio Ángela Barrios, en la céntrica calle Áncash, en circunstancias en las que presuntamente conducía una unidad vehicular en estado de ebriedad.
Videos difundidos aquella noche mostraban escenas de tensión, intervención policial y momentos en los que el magistrado presuntamente oponía resistencia mientras era conducido hacia un patrullero policial.
Con el paso de las horas, la gravedad del caso aumentó aún más al conocerse que el intervenido no era un ciudadano cualquiera, sino un fiscal provincial provisional especializado en violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar.
Posteriormente, surgieron nuevos cuestionamientos luego de que trascendiera que el fiscal de turno habría dispuesto su liberación sin que se le practicara dosaje etílico, pese a tratarse de un presunto escenario de flagrancia.
La situación generó una ola de cuestionamientos sobre un eventual trato diferenciado dentro del propio sistema del Distrito Fiscal de Moquegua.
FISCALÍA DE LA NACIÓN RECOGE LOS HECHOS
La resolución emitida desde Lima incorpora varios de los hechos difundidos inicialmente por la investigación periodística de Prensa Regional y esto ratificado en los informes remitidos al órgano superior que indica lo mismo.
El documento señala que Dennys Rommell Tumba Barrera “habría sido intervenido el día 20 de abril de 2026 por efectivos de la Policía Nacional del Perú en la ciudad de Moquegua, cuando se encontraba conduciendo un vehículo en aparente estado de ebriedad”.
Pero el pronunciamiento no se limita a ello.
La propia Fiscalía de la Nación agrega que el magistrado habría “ocasionado daños materiales a vehículos aledaños, así como protagonizado escándalo en la vía pública y puesto resistencia a la intervención de la autoridad competente”.
Además, la resolución incorpora otro elemento que había generado fuertes comentarios en el ámbito judicial y periodístico: que el fiscal “habría estado acompañado de abogados litigantes de la zona”.
Estos elementos expuestos por la Unidad de Investigación de Prensa Regional que habrían sido corroborados por fiscales competentes en la región Moquegua, son utilizados por la Fiscalía de la Nación para sostener que existiría una conducta incompatible con el ejercicio del cargo.
AFECTACIÓN A LA PROBIDAD Y DAÑO A LA IMAGEN INSTITUCIONAL
Uno de los aspectos más delicados del documento es el fundamento jurídico utilizado para retirar a Tumba Barrera del cargo provisional.
La resolución recuerda que la Ley de la Carrera Fiscal exige que los magistrados actúen bajo principios de objetividad, legalidad y probidad, señalando que estas condiciones son indispensables para preservar la confianza pública en el Ministerio Público.
En esa línea, el documento invoca la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 2956-2024-MP-FN, norma que establece que los nombramientos provisionales pueden concluir cuando se produzca una afectación al principio de probidad o cuando la conducta del fiscal termine dañando la imagen institucional.
La Fiscalía de la Nación concluye que, en este caso, se configuraron precisamente esas causales resolutorias. Esto significa que el Ministerio Público considera que los hechos atribuidos al magistrado exceden el ámbito estrictamente personal y comprometen directamente la confianza institucional.
RETIRADO DEL CARGO, PERO NO DEL MINISTERIO PÚBLICO
Aunque la Fiscalía de la Nación da por concluido el nombramiento de Dennys Tumba Barrera como fiscal provincial provisional y lo retira de la fiscalía especializada de Mariscal Nieto, no dispone su separación definitiva del Ministerio Público.
Por el contrario, el documento establece que el magistrado continuará dentro de la institución, siendo designado nuevamente como fiscal adjunto provincial titular penal corporativo de Ilo.
Es decir, pierde el cargo provisional especializado, pero mantiene su condición de fiscal titular en otro despacho fiscal.
RESOLUCIÓN ADMITE POSIBLES ACCIONES PENDIENTES
Otro aspecto relevante es que la resolución deja expresamente abierta la posibilidad de futuras acciones legales o disciplinarias contra Dennys Tumba Barrera y otros fiscales que resulten responsables por su acción u omisión de funciones en la intervención y diligencias que se realizaron o dejaron de realizar el día lunes 20 de abril de 2026.
El artículo primero precisa que la conclusión de su nombramiento se realiza “sin perjuicio de las acciones legales que estuviesen pendientes, por las quejas o denuncias que pudiesen encontrarse en trámite”.
Esto significa que el caso no se encuentra cerrado y que podrían continuar investigaciones internas, procedimientos disciplinarios o eventuales acciones derivadas de los hechos ocurridos aquella noche en la calle Áncash.
La precisión del Fiscal de la Nación adquiere especial relevancia considerando que la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público ya había iniciado diligencias preliminares en el lugar de los hechos con apoyo de la Dirección Contra la Corrupción (DIRCOCOR) de la Policía Nacional del Perú.
Precisamente, el fiscal Carlos Puma Corizaza, fiscal adjunto superior de la ANC, acudió días atrás a la calle Áncash para verificar información vinculada a la intervención policial y revisar posibles elementos de prueba, incluyendo cámaras de seguridad de la zona.
EL CASO ESCALA A NIVEL NACIONAL
La emisión de esta resolución confirma además que el caso dejó de ser un problema local o estrictamente administrativo. Ahora existe un pronunciamiento formal de la Fiscalía de la Nación desde Lima, lo que convierte el episodio en un asunto de alcance nacional dentro del Ministerio Público.
La decisión también evidencia que las publicaciones periodísticas de La Prensa Regional y la presión pública terminaron generando una reacción institucional concreta, en un escenario donde inicialmente predominaban dudas sobre una eventual protección interna.
Uno de los cuestionamientos más fuertes surgidos tras la intervención policial estuvo relacionado precisamente con la actuación del fiscal de turno que habría dispuesto la liberación del intervenido sin ordenar diligencias fundamentales como el dosaje etílico.
Hasta hoy, persisten cuestionamientos sobre las decisiones adoptadas aquella noche y sobre si existieron omisiones o tratamientos diferenciados dentro del procedimiento fiscal, para proteger a un “colega”.
UNA CRISIS QUE GOLPEA LA CREDIBILIDAD DEL SISTEMA
Más allá del caso individual, el episodio ha dejado expuesta una profunda crisis de confianza alrededor del sistema de justicia en Moquegua.
La gravedad no radica únicamente en la conducta atribuida a Dennys Rommell Tumba Barrera un fiscal provincial provisional, sino en el impacto que generan estos hechos cuando involucran precisamente a quienes tienen la responsabilidad constitucional de investigar delitos y defender la legalidad, como es el Ministerio Público.
La situación se vuelve todavía más delicada considerando que Tumba Barrera ejercía funciones en una fiscalía especializada en violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, un ámbito donde la conducta ética y la imagen institucional adquieren especial sensibilidad frente a la ciudadanía.
Asimismo, el caso se produce en un contexto donde ya existían cuestionamientos públicos sobre procesos internos dentro del Ministerio Público, incluyendo concursos de plazas, decisiones fiscales y presuntos favorecimientos denunciados en diversas investigaciones periodísticas de la UDI de Prensa Regional.
Por ello, la resolución emitida por la Fiscalía de la Nación no solo representa la caída de un nombramiento provisional, también constituye el reconocimiento institucional de que los hechos registrados el 20 de abril dañaron seriamente la imagen del Ministerio Público y terminaron escalando hasta los más altos niveles del sistema fiscal peruano.
La controversia, sin embargo, está lejos de terminar, porque mientras el Ministerio Público retira a Dennys Tumba Barrera de la fiscalía especializada de Mariscal Nieto, también decide mantenerlo como fiscal adjunto provincial titular penal (Corporativo) de Ilo, dejando abierto un debate inevitable sobre la proporcionalidad de la medida y sobre el mensaje que finalmente recibe la ciudadanía frente a un caso que ha sacudido al sistema de justicia regional.
