POR: JULIO FARFÁN VALVERDE [UNIDAD DE INVESTIGACIÓN – UDI]
Una investigación que fue inicialmente desestimada en el terreno político y mediático ha escalado a una fase de mayor gravedad en el ámbito penal. El Ministerio Público ha declarado compleja la investigación por presuntos actos de corrupción en la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Moquegua, ampliando su plazo por ocho meses y validando, en los hechos, los elementos revelados por la Unidad de Investigación (UDI) de Prensa Regional.
Mediante la Disposición Fiscal N.° 03-2026, de fecha 26 de marzo de 2026, el fiscal Jhon Jefersson Ylaquita López, del Sexto Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, resolvió extender la investigación preliminar dentro de la Carpeta Fiscal N.° 3706015500-2025-319-0, al considerar que los hechos requieren un abordaje técnico más amplio y especializado.
La medida ratifica la gravedad de los hechos denunciados por la UDI en diciembre de 2025, al evidenciar un presunto direccionamiento en la contratación de servicios a favor de la empresa HU OZER E.I.R.L., constituida el 8 de septiembre de 2025 y sin experiencia operativa acreditada, pero si con vínculos que apuntan a las jefaturas en la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Moquegua.
DELITO DE COLUSIÓN BAJO LA LUPA FISCAL
La investigación del Ministerio Público alcanza a Higinio Antonio Peñaloza Carrillo, director (e) Promoción del Empleo y Capacitación Laboral y a Rosario Julia Pinto Velásquez, exdirectora regional de Trabajo, en calidad de autores, así como a Juana Esther Escobedo Aspajo, en condición de cómplice extraneus, por la presunta comisión del delito de colusión tipificado en el artículo 384° del Código Penal, en agravio del Estado.
El núcleo del caso apunta a una presunta concertación indebida para favorecer a la empresa HU OZER E.I.R.L., constituida semanas antes de la adjudicación de contratos para la ejecución de eventos institucionales.
LOS HECHOS
De acuerdo con la disposición fiscal, los servicios contratados —entre ellos el “Foro: Preparando a los Profesionales para el Éxito Labora 2025” y el “Encuentro Empresarial Omate 2025”— no habrían cumplido con los términos de referencia establecidos.
Pese a ello, se otorgó conformidad a las prestaciones, habilitando el pago correspondiente. La investigación advierte además el uso indebido de bienes institucionales para cubrir obligaciones que correspondían al proveedor, así como deficiencias en aspectos clave como alimentación, logística y equipamiento, lo que configuraría un eventual perjuicio patrimonial al Estado.
EL DATO QUE IMPULSÓ LA INVESTIGACIÓN
Uno de los elementos más sensibles del caso es la consignación del número telefónico 980 732 828 como contacto del proveedor HU OZER E.I.R.L. en órdenes de servicio oficiales.
La UDI de Prensa Regional determinó que el número pertenecería a Jhonatan Martín Pinto Velásquez, hermano de la entonces directora regional, dato corroborado mediante registros de OSIPTEL, RENIEC y la declaración jurada de intereses de la funcionaria Rosario Julia Pinto Velásquez.
Este punto no solo fue documentado, sino también reconocido públicamente por la propia Rosario Pinto, quien, tras negar inicialmente los hechos, admitió que el número de su hermano figuraba en las órdenes de servicio, sin explicar cómo fue incorporado en documentación oficial. “En la orden […] sale el número de mi hermano”… dijo en su momento..
NO FUE UN HECHO AISLADO: PATRÓN REPETIDO
La Fiscalía ha incorporado como elemento de análisis las órdenes de servicio N.° 11268 y N.° 12350, sobre las cuales se realizarán pericias contables para determinar la legalidad de las contrataciones, la validez de las conformidades emitidas, las responsabilidades administrativas y la eventual existencia de daño económico.
Tal como reveló Prensa Regional, el número telefónico vinculado al entorno familiar de la funcionaria no aparece en un solo documento, sino en varias órdenes de servicio, lo que descarta cualquier hipótesis de error o “siembra” aislada.
INVESTIGACIÓN COMPLEJA: MÁS DILIGENCIAS Y POSIBLE LEVANTAMIENTO DE COMUNICACIONES
La declaración de complejidad se sustenta en la necesidad de realizar múltiples actos de investigación, ejecutar pericias técnicas en materia de contratación pública y analizar una considerable carga documental.
Entre las diligencias dispuestas se encuentra la identificación formal del titular del número telefónico, la solicitud de levantamiento del secreto de las comunicaciones, la realización de una pericia contable integral y la determinación de responsabilidades funcionales.
De esta manera, el caso denunciado por Prensa Regional marca un antes y un después, porque deja de estar centrado únicamente en la denuncia periodística y pasa a una investigación penal formal, donde la Fiscalía asume el control del proceso, incorpora diligencias técnicas y cuenta con mayores herramientas para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
CRONOLOGÍA: DE LA DENUNCIA PERIODÍSTICA A LA ACCIÓN FISCAL
La cronología del caso evidencia una secuencia directa entre la publicación periodística y la activación de las diligencias fiscales.
El 26 de noviembre de 2025 se abrió la investigación preliminar. El 2 de diciembre, Prensa Regional publicó la investigación que reveló el vínculo telefónico, el mismo día en que el Ministerio Público intervino en la sede del Gobierno Regional de Moquegua.
Días después, el 5 de diciembre, Rosario Pinto reconoció públicamente la existencia del número en cuestión. Posteriormente, la investigación fue prorrogada el 26 de enero de 2026 y finalmente declarada compleja el 26 de marzo del mismo año.
DE LA AMENAZA DE QUERELLA A UNA INVESTIGACIÓN POR COLUSIÓN
Tras la publicación inicial, la entonces directora regional amenazó con querellar a Prensa Regional por difamación agravada, exigiendo rectificación mediante carta notarial.
Hoy, los mismos hechos que motivaron esa advertencia han sido incorporados como elementos relevantes dentro de una investigación fiscal por colusión, sin haber sido desvirtuados en el curso de las diligencias.
Prensa Regional ratifica su investigación, sustentada desde el inicio en documentación oficial, verificaciones técnicas y declaraciones públicas, en cumplimiento de su deber de informar sobre hechos de interés público.
La declaración de complejidad del Ministerio Público confirma que el caso ha tomado mayor seriedad y entra a una nueva etapa, donde la Fiscalía asumirá directamente las diligencias para esclarecer los hechos y determinar si existen responsabilidades penales correspondientes.
