POR: JORGE ACOSTA ZEVALLOS
El Proyecto Chilota–Chincune nació como una promesa de desarrollo hídrico para Moquegua. Su origen se vincula al acuerdo con la empresa Anglo American Quellaveco, que destinó recursos a través del Fondo de Desarrollo Moquegua (FDM) como parte de sus compromisos sociales. La construcción demoró varios años, marcada por estudios técnicos, licitaciones y retrasos administrativos.
Hoy, la infraestructura está concluida y se anuncia que podrá dotar de 650 litros por segundo de agua para la ampliación agrícola en las Lomas de Ilo en su primera fase, un beneficio largamente esperado por agricultores y comunidades que ven en el agua la llave para diversificar cultivos y dinamizar la economía regional.
Sin embargo, lo que debió ser un motivo de celebración se ha convertido en un nuevo capítulo de contradicciones políticas. El Fondo de Desarrollo Moquegua afirma que la obra está lista para ser entregada. El Proyecto Especial Regional Pasto Grande (PERPG) mantiene observaciones técnicas y administrativas, sin firmar el acta de recepción.
La gobernadora Gilia Gutiérrez rechaza que se sigan usando recursos del Fondo para cubrir el mantenimiento rutinario, exigiendo que el PERPG asuma su responsabilidad. El alcalde de Ilo, Humberto Tapia, se muestra incrédulo: asegura que las observaciones podrían prolongarse hasta diciembre y que la entrega no será una realidad.
Mientras tanto, algunos comentaristas sugieren que las observaciones reflejan temor a un colapso de las tuberías cuando ingrese agua a presión; sin embargo, las pruebas hidráulicas realizadas en 2025 y 2026 confirman que el sistema funciona.
La población, por su parte, reclama y se desespera. Los agricultores de Ilo y Moquegua esperan que el agua llegue a sus parcelas, pero observan cómo las disputas institucionales y la falta de consensos políticos retrasan los beneficios. La obra, que debía simbolizar el compromiso de la empresa privada con el desarrollo regional, se ha convertido en un espejo de la débil competitividad de la gestión pública y de dubitativos compromisos empresariales.
¿Quién tiene la razón? ¿El Fondo de Desarrollo que asegura que todo está listo? ¿El PERPG que mantiene observaciones y se resiste a recibir la obra? ¿La gobernadora que exige transparencia financiera? ¿O la población que solo pide agua para producir?
La respuesta no es sencilla, pero lo cierto es que el proyecto está atrapado en un nudo institucional y político que amenaza con convertir una promesa de desarrollo en un símbolo de frustración.
La concertación entre actores públicos y privados parece ser la única salida. Sin embargo, ¿serán capaces de dejar de lado intereses burocráticos y corporativos para cumplir con la ciudadanía? ¿O el proyecto Chilota–Chincune quedará como otro ejemplo de cómo la desconfianza y la falta de gestión eficiente pueden sepultar las oportunidades de desarrollo regional?
