POR: MAG. ALVARO MADUEÑO CASANI
La percepción ciudadana en Arequipa al IV trimestre de 2025 evidencia un deterioro significativo en la confianza hacia las instituciones vinculadas al sistema de justicia penal y control del Estado. Al IV trimestre de 2025, se evidencia una desconfianza generalizada en las instituciones vinculadas al sistema de justicia penal, derechos humanos y control gubernamental, lo cual plantea serias implicancias para la gobernabilidad democrática y el Estado de Derecho, según revela la encuesta del INEI de ese periodo.
POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ
En primer lugar, la Policía Nacional del Perú presenta un nivel de desconfianza extremadamente alto (90.2%), con apenas 8.4% de confianza. Este resultado es particularmente crítico, ya que se trata de la institución encargada de garantizar la seguridad ciudadana y el orden interno. Desde una perspectiva de gobernabilidad, una policía con baja legitimidad reduce la eficacia de la prevención del delito y debilita la cooperación ciudadana.
PODER JUDICIAL
El Poder Judicial también registra un elevado nivel de desconfianza (82.1%), lo que refleja cuestionamientos sobre la independencia, celeridad y predictibilidad de las decisiones judiciales. En términos jurídicos, esto afecta la seguridad jurídica, elemento fundamental para la estabilidad institucional y el desarrollo económico.
MINISTERIO PÚBLICO (76.7% DE DESCONFIANZA)
El Ministerio Público enfrenta una situación similar, con 76.7% de desconfianza, lo que sugiere percepciones de debilidad en la persecución penal y en la objetividad de la acción fiscal. La combinación de baja confianza en policía, fiscalía y Poder Judicial evidencia una crisis sistémica del sistema de justicia penal, donde los tres pilares presentan niveles críticos de legitimidad.
DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Por su parte, instituciones vinculadas a la defensa de derechos y control, como la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, la Procuraduría Anticorrupción y la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, muestran niveles de desconfianza entre 71% y 74%. Si bien la Defensoría presenta un nivel de confianza relativamente mayor (12.7%), el saldo sigue siendo negativo. Además, los altos porcentajes de “no sabe” (entre 15% y 21%) indican problemas de visibilidad y comprensión del rol institucional.
