POR: JULIO FARFÁN VALVERDE
El proceso penal seguido contra la gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez Ayala, por el presunto delito de falsa declaración en procedimiento administrativo, ha quedado bajo severo cuestionamiento tras la reciente audiencia de reinicio del juicio oral realizada el 6 de abril de 2026.
En dicha diligencia, la testigo clave de la imputada, la abogada Claudia Arias Téllez, habría ocultado y omitido hechos sustanciales en su declaración, pese a haber jurado decir la verdad para el esclarecimiento de los hechos imputados. Sin embargo, por momentos —y posiblemente debido a su nerviosismo— dejó entrever algunos aspectos relevantes.
Entre ellos, reconoció que se reunió en el domicilio de la gobernadora regional junto al candidato Luis Trigoso Palao, con el fin de orientarlos y recomendarles el llenado de las declaraciones juradas y hojas de vida.
En ese contexto, la información obtenida por la Unidad de Investigación (UDI) de Prensa Regional evidenciaría que se estaría diciendo solo una verdad a medias y no una verdad completa, debido a que ello complicaría aún más la situación legal de la imputada.
Asimismo, se advierte que el abogado defensor Erwin Siccha Pérez, a través de sus preguntas, habría intentado trasladar la responsabilidad hacia la comisión de un supuesto “error” en la documentación presentada, direccionando que este habría sido cometido por el partido político Somos Perú.
LA DECLARACIÓN DE LA TESTIGO Y EL INTENTO DE REFORZAR SU VERSIÓN
En dicha audiencia, la abogada Claudia Arias Téllez, quien se desempeñó como personera legal del Partido Democrático Somos Perú en las elecciones regionales del año 2022, declaró como testigo de la defensa de la gobernadora.
Durante su intervención, sostuvo que recomendó a los candidatos llenar correctamente sus declaraciones juradas y hojas de vida, afirmando además que sostuvo una reunión en el domicilio de la entonces candidata Gutiérrez Ayala, en la que también participó el candidato a vicegobernador, Luis Trigoso Palao. Cabe señalar que este último nunca fue ofrecido ni citado como testigo en el proceso penal
En su misma declaración Arias, sostuvo que no revisó los documentos y que estos le fueron entregados en sobre cerrado para ser trasladados a Lima, generando una evidente contradicción interna en su propio testimonio.
TRIGOSO DESMIENTE VERSIÓN Y REVELA CÓMO SE LLENARON LOS DOCUMENTOS
Ante ello, Prensa Regional se comunicó con el ex candidato a vicegobernador, Luis Trigoso Palao, quien manifestó su sorpresa por haber sido mencionado en audiencia sin haber sido convocado a declarar y nunca fue nombrado como testigo ni de Gilia Gutierrez, ni por el fiscal a cargo del caso Yukio Tadahiko Merma Ramos, fiscal provincial titular penal corporativo de Mariscal Nieto.
En su declaración Trigoso confirmó que sí participó en la reunión realizada en el domicilio de Gutiérrez Ayala, pero precisó un hecho fundamental que no fue revelado por la testigo en el juicio:
En esa misma reunión, ambos candidatos —Gilia Gutiérrez Ayala y Luis Trigoso Palao— llenaron con su puño y letra, firma y huella digital todas sus declaraciones juradas y hojas de vida.
Asimismo, indicó que la personera legal les recomendó expresamente consignar todos sus bienes. Pese a estas recomendaciones, según Trigoso, la entonces candidata consignó no tener bienes inmuebles, de este hecho tenía conocimiento la propia personera legal.
EL RECORRIDO COMPLETO DE LOS DOCUMENTOS: DE MOQUEGUA A LIMA Y SU RETORNO
De acuerdo con la reconstrucción de los hechos realizada por este medio, siendo esta la secuencia:
- Los documentos fueron llenados íntegramente en el domicilio de la candidata.
- Fueron firmados y validados con huella digital por los propios candidatos.
- Fueron entregados en sobre cerrado a la personera legal Claudia Arias.
- La personera viajó a Lima y los presentó ante el partido Somos Perú.
- En Lima, los documentos fueron escaneados e ingresados al sistema digital del partido.
- Posteriormente, los documentos originales fueron devueltos a la personera legal.
Este procedimiento se encuentra respaldado por la resolución del órgano electoral del partido, que admitió la lista sin observaciones, evidenciando que la información fue procesada conforme a lo consignado por los propios candidatos.
PRUEBA DOCUMENTAL Y RESPONSABILIDAD DIRECTA
Uno de los elementos fundamentales a los que accedió Prensa Regional es el escaneo del documento original de la declaración jurada de Luis Trigoso, donde se observa su firma y huella digital. Este hecho confirma que el documento fue llenado directamente por el candidato, al igual que en el caso de Gilia Gutiérrez Ayala.
Este elemento contradice versiones que intentan deslindar responsabilidad o atribuir errores a terceros.
DOCUMENTOS ENTREGADOS Y AUSENCIA EN LA CARPETA FISCAL
Uno de los aspectos que trata de pasar desapercibido es que, tras iniciarse la denuncia e investigación penal por parte del Ministerio Público, la gobernadora regional permitió la contratación de Claudia Arias Téllez en el área de asesoría legal de gobernación, pese a que ya había aceptado ser testigo en el proceso.
Así, en días posteriores la gobernadora Gutierrez habría solicitado, a través de una funcionaria de su entorno, la entrega de todos los documentos originales tanto declaraciones juradas y hojas de vida a la personera legal Claudia Arias.
Dichos documentos —de alta relevancia probatoria— habrían sido entregados directamente a la autoridad regional en las instalaciones del Gobierno Regional de Moquegua, donde Claudia Arias posteriormente continuó laborando por un largo tiempo en el área de asesoría legal de gobernación. Actualmente la testigo trabaja como secretaria general de Alcaldía en la Municipalidad Provincial de Ilo.
Hasta la fecha, según la información recabada por la UDI, estos documentos originales no obran en la carpeta fiscal del caso, lo que constituye un elemento que deberá ser esclarecido en el marco del proceso o quizás en otro proceso de investigación por otros delitos que se habrían cometido.
AUDIO REVELADOR CONFIRMA RESPONSABILIDAD DIRECTA
Prensa Regional también accedió a un audio en el que la propia personera legal reconoce que la responsabilidad del llenado de los documentos correspondía a la candidata, a quien —según se escucha— se le habría recomendado a la misma gobernadora consignar los bienes y predios, la misma que señaló como parte de una herencia.
Pese a ello, la información consignada fue la de no registrar bienes inmuebles.
HECHOS POSTERIORES: CONTRATACIÓN DE TESTIGO Y FAMILIARES
Otro aspecto que genera cuestionamientos es que, durante el proceso de investigación fiscal, Claudia Arias Téllez fue contratada en el Gobierno Regional de Moquegua. Asimismo, uno de sus hijos ingresó a laborar en el área de Planeamiento y Presupuesto de la Sub Región Ilo, mientras que su padre fue contratado en la Dirección Regional de Salud Moquegua, específicamente en el Hospital de Ilo.
Estos hechos, documentados por Prensa Regional, son considerados elementos que ameritan análisis en el marco de la transparencia y la independencia de los testigos.
UN PATRÓN QUE NO SERÍA AISLADO
Este tipo de situaciones vinculadas a la permanencia o contratación de personas relacionadas a procesos en investigación no serían hechos aislados dentro de la actual gestión regional, hechos oportunamente denunciados por la UDI de Prensa Regional.
En ese contexto, se advierte que la mayoría de funcionarios involucrados en investigaciones fiscales vinculadas y en perjuicio del Gobierno Regional de Moquegua y la Sub Región Ilo continúan laborando en dichas entidades, algunos en los mismos cargos y otros reubicados, lo que podría influir en su disposición de no colaborar con decir la verdad, porque está perjudicaría a la gobernadora y de decir la verdad perderían su puesto laboral, como ya sucedió en otros casos similares.
UN PROCESO BAJO CUESTIONAMIENTO Y FAVORECIMIENTO A LA IMPUNIDAD
Las contradicciones entre lo declarado en juicio, la versión de un testigo directo, los documentos escaneados, la ausencia de originales en la investigación y el contenido de un audio revelador configuran un escenario que exige una evaluación exhaustiva por parte de las autoridades competentes.
A más de cuatro años de iniciada la investigación, el proceso no solo enfrenta cuestionamientos por su duración, sino también por la forma en que se vienen incorporando o dejando de incorporar elementos clave para el esclarecimiento de los hechos.
Es importante tener en cuenta que la Sala que anuló la sentencia absolutoria fue clara al advertir que el fallo anterior incurrió en “motivación aparente”, al sostener erróneamente que la verificación de la falsedad dependía de controles posteriores del Jurado Nacional de Elecciones, precisando que ni el artículo 411 del Código Penal ni la normativa administrativa exigen tal requisito para la persecución penal.
Asimismo, cuestionó que el juez no valorara adecuadamente documentos firmados por la propia candidata, en los que asumía la veracidad de la información consignada, ni los reglamentos electorales que atribuyen responsabilidad directa al postulante.
En este contexto, lo observado en la reciente audiencia —caracterizada por preguntas y repreguntas que, según lo advertido, parecerían orientadas a generar duda antes que a esclarecer los hechos— refuerza la preocupación sobre la conducción del proceso, más aún cuando la principal testigo de la defensa Claudia Arias, fue contratada por el Gobierno Regional de Moquegua que dirige la imputada principal Gilia Gutierrez Ayala, lo que sería el motivo de omitir hechos y aspectos relevantes que hoy salen a la luz a partir de la evidencia documental y audiovisual difundida por Prensa Regional.
Ello resulta especialmente significativo si se considera que el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo se sustenta esencialmente en documentos formales presentados ante el sistema electoral, los cuales fueron suscritos bajo responsabilidad exclusiva —administrativa y penal— del propio candidato.
