Un juez de la corte suprema brasileña ordenó la liberación de los presos con recursos pendientes después de haber sido condenados en segunda instancia, una decisión que podría suponer la libertad inminente del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, que purga desde abril una pena de 12 años por corrupción.

La medida tiene efecto inmediato, pero debe ser solicitada por los abogados de los detenidos, precisó el juez Marco Aurélio Mello, del Supremo Tribunal Federal (STF).

La decisión del juez se apoya en un artículo de la Constitución, según el cual una pena de prisión sólo se puede comenzar a ejecutar una vez que se cumpla lo que en Brasil se conoce como «tránsito en juzgado», que supone el fin de todo el proceso de apelaciones.

En el caso de Lula, en prisión desde el pasado abril tras haber sido condenado por corrupción a doce años en segunda instancia, aún restan dos apelaciones a tribunales superiores, por lo que la medida anunciada por el juez Mello pudiera beneficiarle, igual que a otros políticos presos por asuntos de corrupción.

MEDIDA CAUTELAR

En su decisión, el magistrado estableció como única excepción los casos de las personas que están en prisión preventiva, regulada por otro artículo y dictada cuando es necesario dar «garantías para el orden público, económico o conveniencia» del proceso judicial.

La cautelar fue dictada a pedido del Partido Comunista do Brasil (PCdoB), un histórico aliado de Lula da Silva, el mismo día en que la Corte Suprema inicia un receso hasta el próximo mes de febrero.

Esta misma semana, el presidente de la Corte Suprema, Antonio Dias Tóffoli, había anunciado que una vez concluido el receso será discutido una decisión que el tribunal adoptó en 2016 y permitió la ejecución de una pena a prisión después de que fuera confirmada la sentencia en segunda instancia.

Entre sus argumentos para aceptar la cautelar, Mello indicó que «la ejecución provisional de la pena produce como efecto colateral el agravamiento de la selectividad en el sistema penitenciario», que se caracteriza por el elevado grado de hacinamiento.

ARGUMENTOS DEL JUEZ

Según el magistrado, «el cuadro de delincuencias de todo orden, de escándalos en el campo administrativo, que relevó una corrupción inimaginable, apenas conduce a la marcha procesal segura, observando los dictámenes constitucionales y legales».

Añade que «bajo la óptica del peligro de la demora, debe tenerse presente la prisión o efectivo recogimiento, antes de la reclusión mayor de la sentencia condenatoria definitiva».

Mello sostiene además que «no apenas los condenados en segunda instancia por corrupción o crímenes denominados de ‘cuello blanco'» están en prisión por haber sido hallados culpables en la segunda instancia, sino también «miles de ciudadanos acusados» de cometer otros delitos. «Si esa temática no es urgente, desconozco otra que lo sea», concluye la decisión dictada por el magistrado. (Con información de EFE y AFP)