La gestión del servicio de taxi y taxi colectivo en Mollendo y la provincia de Islay enfrenta serias deficiencias. Un reciente informe de la Contraloría General de la República reveló que el procedimiento administrativo para autorizar estas unidades presenta irregularidades que comprometen la seguridad vial y la legalidad del sistema.
DEFICIENCIAS EN LA REVISIÓN DE EXPEDIENTES
El Informe de Hito de Control N.º 036-2025-OCI/0359-SCC verificó los expedientes tramitados entre 2023 y 2025 y detectó que la Municipalidad Provincial de Islay viene inscribiendo vehículos sin exigir toda la documentación requerida por su propio TUPA. Esta práctica permitiría que unidades sin condiciones mínimas circulen sin control adecuado.
SUSTITUCIONES SIN CONTROL TÉCNICO
El órgano de control también identificó que las solicitudes para sustituir vehículos se aprueban sin verificar que las nuevas unidades cumplan los requisitos obligatorios. Según el informe, esta falta de rigor abre la puerta a que automóviles con fallas o sin la documentación exigida operen como transporte público, incrementando el riesgo para conductores y pasajeros.
FALTA DE UN PLAN DE RUTAS
Otro problema señalado es la inexistencia de un plan regulador de rutas vigente en la provincia. La ausencia de este instrumento limita la capacidad de ordenar el servicio, afecta la validez de los actos administrativos y genera un escenario donde cada autorización se otorga sin base técnica ni planificación territorial.
RIESGOS PARA LA GESTIÓN Y LA SEGURIDAD
Para la Contraloría, estas tres situaciones adversas afectan la continuidad del proceso de autorización y ponen en riesgo la correcta gestión del transporte menor en Islay. Sin documentación completa, sin verificación técnica y sin un marco regulador de rutas, el sistema funciona con vacíos que impactan directamente en la seguridad vial y en la formalidad del servicio.
