Por: Arnulfo Benavente Díaz
La lucha de clases, definida por Karl Marx como la confrontación entre la burguesía propietaria de los medios de producción y el proletariado asalariado, ha sido central en el análisis social y económico. En el contexto contemporáneo, marcado por la globalización, los avances tecnológicos y la diversificación laboral, resulta pertinente revisar su vigencia. Pese a los cambios, la desigualdad económica continúa siendo estructural: la concentración de riqueza en una élite contrasta con la precariedad de amplios sectores sin acceso adecuado a educación, salud o empleo digno, generando tensiones que pueden entenderse como expresiones actuales de la lucha de clases.
La globalización ha favorecido la expansión de cadenas productivas transnacionales basadas en mano de obra barata en países en desarrollo, mientras que la economía digital introduce formas laborales precarias, como el trabajo mediante plataformas sin derechos ni protecciones. Estas dinámicas evidencian nuevas modalidades de explotación. La lucha por justicia social se expresa hoy a través de movimientos sociales y organizaciones que reivindican derechos laborales, igualdad de género, inclusión social y protección ambiental, continuando la disputa por modificar estructuras de poder que perpetúan desigualdad y exclusión.
El debate académico permanece abierto: algunos consideran que la complejidad social actual desdibuja las categorías clásicas de clase; otros sostienen que, aunque transformada, la lucha de clases sigue siendo un marco analítico válido para comprender contradicciones en los ámbitos político, cultural y económico. En el siglo XXI, esta lucha se manifiesta como un fenómeno multifacético, marcado por desigualdad persistente, nuevas formas de explotación y una movilización social constante.
En Perú, la lucha de clases ha estado históricamente vinculada a conflictos por tierra, derechos laborales y participación política. Hoy se expresa en la defensa de los pueblos indígenas, la lucha contra la corrupción y la búsqueda de un desarrollo inclusivo. Movilizaciones campesinas, huelgas obreras, protestas urbanas, luchas magisteriales y la reciente experiencia política del gobierno de Pedro Castillo muestran que la confrontación entre sectores sociales continúa adaptándose a las transformaciones del país.
