El Pleno del Congreso aprobó la inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública de la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, a quien se le atribuye infracción constitucional y la comisión de diversos delitos debido a la aprobación de un reglamento interno del Ministerio Público que contravenía la Ley 32130. La resolución legislativa fue respaldada por 71 votos a favor, 19 en contra y tres abstenciones, tras una reconsideración presentada por un sector del Parlamento.
Horas antes, el Pleno había aprobado la denuncia constitucional contra Espinoza; sin embargo, en ese momento no se alcanzaron los votos suficientes para concretar su inhabilitación.
La denuncia fue impulsada por congresistas de distintas bancadas, quienes cuestionaron que Espinoza aprobara un reglamento interno que vulneraba la Ley 32130, norma que fortalece la función investigadora de la Policía Nacional del Perú. Esta ley fue aprobada por el Congreso y su constitucionalidad ratificada por el Tribunal Constitucional.
La acusación fue presentada por los legisladores Fernando Rospigliosi, José Cueto y Alfredo Azurín, e inicialmente también comprendía a los fiscales supremos Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos.
Tras aprobarse la inhabilitación por 10 años de la exfiscal de la Nación, se presentó una reconsideración, pero esta no alcanzó los votos necesarios para prosperar.
Tampoco obtuvo respaldo suficiente la reconsideración referida a la votación que autorizó una resolución legislativa que abre paso a una denuncia penal contra Espinoza por presunta infracción constitucional y otros delitos.
