El Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ilo consiguió una sentencia de cadena perpetua contra los ciudadanos extranjeros Josgregor Augusto Peñuela Gómez (28), Darwin Edinson Serven Correa (44) y Yeferson Steven Castillo Olivero (19) por los delitos de trata de personas agravada, explotación sexual infantil, tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de armas de fuego y explosivos.
Asimismo, se impuso una pena de diez años, once meses y tres días contra Bryan Alexander Gonzales Cedeño (20) por el delito de tráfico ilícito de drogas, además de su inhabilitación y la orden de su expulsión del país una vez cumplida su condena.
Según un comunicado de prensa del Ministerio Público, la sentencia se derivó del rescate de una menor de 13 años, quien había sido captada en Venezuela y trasladada al Perú para ser explotada sexualmente. Ante estos hechos, la Fiscalía solicitó la orden de detención preliminar, allanamiento y registro domiciliario en un inmueble ubicado en la calle César Vallejo L-18 en abril del año 2023, donde se acogió a la menor junto a otras víctimas de trata. Con el respaldo de una orden judicial y un amplio despliegue policial, se logró la captura de cuatro ciudadanos venezolanos y se encontraron otras tres víctimas de trata, así como droga empaquetada para su comercialización (clorhidrato de cocaína y marihuana). También se hallaron armas de fuego y una granada, lo que permitió imputarles el delito de tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de armas y explosivos.
Durante el juicio, la Fiscal Adjunta Sheila Vásquez Valdivia presentó múltiples pruebas que demostraron que los acusados, mediante diversos actos, habían captado, transportado y acogido a cuatro mujeres víctimas de trata, incluyendo una menor de 13 años y otra de 17 años.
Tras evaluar todas las pruebas presentadas, el Juzgado Colegiado Supraprovincial de Ilo, por unanimidad, dictó sentencia condenatoria, ordenando la ejecución inmediata de la pena debido a la gravedad de los delitos cometidos. Cabe destacar que las víctimas recibieron apoyo psicológico, social y legal por parte de la Unidad de Asistencia Inmediata a Víctimas y Testigos, garantizando su protección y bienestar.
