POR: FERNANDO VALDIVIA CORREA
El último viernes, Delia Espinoza juramentó como Fiscal de la Nación, sin la presencia -como suele ser de estilo- de la mandataria. Relevó en el cargo al cuestionado Juan Carlos Villena, que asumió y permaneció como interino ante la destitución de su predecesora, Patricia Benavides, en diciembre del año pasado.
En sus primeras declaraciones ante la prensa, Espinoza Valenzuela anunció que interpondrá demanda de inconstitucionalidad contra la reciente ley que otorga facultades de investigación a la Policía Nacional del Perú. Asimismo, se mostró crítica a aquellos que cuestionan la labor que efectúa la institución que lidera al responsabilizársele de liberar presuntos delincuentes detenidos in fraganti, agregando que no todos los casos son iguales. En resumen, doña Delia estrena la gestión en clara confrontación con los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
Sin embargo, la flamante titular del Ministerio Público omitió pronunciarse (quizá porque los áulicos ahí presentes no se lo preguntaron) sobre las acciones inmediatas que su Despacho llevará a cabo para evitar que personas con amplio prontuario retornen a las calles en cuestión de días, o a lo mucho en semanas, pese a haber sido aprehendidos con “las manos en la masa” por la PNP. Y esto no significa generalizar, pues lo vemos frecuentemente en los distintos medios de comunicación, constituyendo una lamentable y terrible realidad que sufrimos como sociedad.
Pero tampoco se manifestó en torno a los avances (o no) en las pesquisas a la suspendida, y otrora poderosa, Marita Barreto, para quien la propia Delia le imputó el delito de presunta revelación indebida de identidad. De esta noticia criminis han transcurrido más de 1 mes, sin resultado alguno. En tanto, Barreto Rivera sigue gozando de vacaciones impagas, apostando a que con el tiempo las cosas se enfríen y logre retornar a su privilegiado puesto de Coordinador del Equipo Especial de Fiscales contra el Poder (EFFICOP). De manera similar, no ha dado cuenta de la investigación, eterna y estéril, al sobrevalorado José Domingo Pérez por presunto desbalance patrimonial de cerca de S/ 131 mil. O, si retrocedemos un tanto más, por la situación legal de Zoraida Ávalos y Rafael Vela. La primera, destituida por el Parlamento e inhabilitada por 5 años de la función pública; mientras que el segundo, suspendido por 8 meses. Ambos irritantes protagonistas, recurrieron al amiguismo dentro del Poder Judicial y obtuvieron, en tiempo record, medidas cautelares de reposición provisional. Y obvio que esta gracia concedida fue por la divina intervención de la caviarada.
En síntesis, es la “mismocracia” en el Ministerio Público, y eso se traduce, sin ánimo de parecer fatalista, que en cuanto a la persecución del delito (por extorsión, sicariatos, TID, y no de políticos adversarios al progresismo), iremos de mal en peor.
