El expresidente de la República, Martín Vizcarra, interpuso una demanda de amparo ante el Tribunal Constitucional para revocar la inhabilitación de cinco años impuesta en su contra por el caso ‘Obrainsa’.

Según el documento al que El Comercio tuvo acceso, Vizcarra Cornejo argumenta que la medida impuesta por el pleno del Congreso afecta su “derecho a ser electo y elegido” y “a participar activamente en la vida política”.

Como se recuerda, el Parlamento aprobó esta sanción en mayo de 2022, como parte del juicio político contra el exmandatario debido a sus vínculos con empresas privadas durante su gestión en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

La defensa legal del exjefe de Estado argumenta que durante el procedimiento parlamentario se vulneraron sus derechos constitucionales, incluidos el principio de legalidad, el derecho a la debida motivación de las decisiones parlamentarias, el acceso a un tribunal imparcial, el debido proceso parlamentario, el derecho a participar en la vida política de manera individual o asociada, y el derecho a ser elegido.

“MANOTAZOS DE AHOGADO”

Al respecto, en una entrevista con Perú21, el expresidente del TC, Ernesto Blume, opinó que todas las acciones legales de Martín Vizcarra “son manotazos de ahogado ante a una decisión que -ya se determinó- es irreversible”.

“El tribunal ya ha dejado totalmente claro que no corresponde plantear demandas de defensa de derechos, como puede ser el Amparo, contra actos propios de decisiones políticas del Congreso”, indicó.

Además, añadió que, “en el caso de una acusación constitucional, lo único revisable es si se ha cumplido o no con el trámite regular de este procedimiento, pero en la decisión de fondo no hay posibilidad de una revisión judicial”.

Al ser consultado sobre la demanda de Vizcarra Cornejo contra su derecho humano “a participar en la vida política, a elegir y ser elegido”, que le estaría siendo negado, el Blume manifestó que el exmandatario infringió la Constitución.

“El artículo 126 de la Constitución Política del Perú es muy claro al establecer de que un ministro no puede ejercer ningún otro cargo, representar empresas o pertenecer a un directorio”, aclaró. [Con información de El Comercio y Perú21]