POR: MAGISTER JAIME CARPIO BANDA
Algunos dicen que en el gobierno regional y municipalidades se están “armando” de personal que tiene experiencia en el sector público, mejor si han sido denunciados porque ya no tienen miedo, y porque han enfrentado a los fiscales anticorrupción, además saben cómo defenderse de acusaciones de presuntos delitos y han aprendido que los procesos penales se demoran de dos hasta 8 años y más, por lo tanto, como el principio de presunción de inocencia es vigente, entonces nada les puede alcanzar mientras estén en proceso. Y mientras más denuncias tengan parece interpretarse como un “medallón de experiencias”.
Lo cierto es que hay comentarios que en estos momentos en algunos pliegos se estarían armando las denominadas “organizaciones criminales”, porque se están buscando gente conocida en el “ambiente de presuntos casos de corrupción”, pueden ser de Tacna, Arequipa, del norte del Perú, lo seguro es que tengan experiencia, en haber sido denunciados por el Ministerio público, inclusive que la denuncia se haya formalizado, o quizás que estén en la etapa de acusación. Estos “caballeritos” ya están forjados y tiene predisposición a mentir a generar pruebas descargo. Todo indica que el jefe de pliego necesita de esos personajes sobre todo en la función de gerente general, gerente de logística, en los comités de adquisiciones.
UNA COSA ES CON CAJÓN OTRA CON GUITARRA
La corrupción, mal endémico del sector público, es tocado por casi todos los jefes de pliego en campaña, ellos lo postulan como una bandera de lucha, pero llegado al pliego “se olvidan” y empieza la conformación de la presunta organización criminal. No se sabe si algunos les ira bien, pero en muchos casos terminan en la cárcel junto a sus funcionarios. La fiscalía que persigue el delito, la procuraduría, los consejeros, los regidores, que hacen de fiscalizadores tiene gravísima responsabilidad en la lucha contra el delito.
UN CASO PARA CONTAR: “GENTE DE EXPERIENCIA”.
Fíjese ahora último se ha sentenciado en primera instancia por delitos de corrupción. En audiencia, se conoció que Víctor Ch. P., en calidad de inspector de obra, y M.C.T, representante de CContratistas Generales EIRL, fueron declarados autor y cómplice respectivamente, del delito peculado en agravio del Gobierno Regional de Moquegua.
VALORIZACIONES CON INFORMACIÓN FALSA
Los hechos se suscitaron en el año 2010 en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Moquegua, el cual contrató los servicios de la citada empresa para realizar la construcción de un puente de concreto armado Tipo Viga de Loza para la obra “Mejoramiento de la Carretera Vecinal Ruta 543 Santa Lucía – Yalagua – Lloque, provincia General Sánchez Cerro – Moquegua”, por un monto superior a los 475,000 soles, cuyo plazo de ejecución era de 60 días.
El representante del Ministerio Público en juicio oral acreditó que C. TUTE presentó ante la Dirección Regional, valorizaciones con información falsa, valorizando partidas inconclusas y partidas no ejecutadas, las que fueron avaladas por Chávez Pinto quien dio conformidad de las valorizaciones, permitiendo que la empresa cobre la suma de 327,486 soles.
EL AVANCE REAL ERA DE 16% Y NO DE 68%
Este pago fue por un supuesto avance de la obra al 68.72% por tres valorizaciones realizadas en conjunto, cuando sólo debió pagar la suma de 76,606 soles, correspondiente al 16.76% de avance físico de la obra, existiendo un pago en exceso por un monto de 249,880 soles.
La sentencia emitida es de carácter suspendida en su ejecución, sujeto a un periodo de prueba bajo reglas de conducta de tres años. Adicionado a ello, a los sentenciados se les impuso la inhabilitación por el plazo de dos años y dos meses y una reparación civil por 255,000 soles de forma solidaria a favor del Estado.
