POR: JULIO FARFÁN VALVERDE
El procurador público Anticorrupción Descentralizado de Moquegua, habló claro y precisó y señaló que la lucha contra la corrupción no sólo abarca el tema legal, sino también el ético y moral, de allí la integridad que deben guardar las autoridades al designar cargos de confianza.
Muchos candidatos cuando están en campaña electoral afirman que harán lucha frontal contra la corrupción, pero al llegar al cargo demuestran lo contrario y no toman en cuenta la integridad pública, que significa no solo serlo, sino parecerlo.
Esto significa que un funcionario no puede tener una investigación o denuncia, de ser así, el postulante debe esperar que se solucione su problema y ser sincero con la autoridad entrante o de turno y decirle la situación que afronta.
DEBEN CUMPLIR PERFILES E INTEGRIDAD PÚBLICA
El Abog. Carlos Marcelo Ponce Arpasi, procurador público Anticorrupción Descentralizado de Moquegua, indicó que se debe evitar lo que ha ocurrido con el expresidente Pedro Castillo, que designaba personas que no cumplían con los perfiles, que estaban denunciados hasta condenados por corrupción u otros delitos, es por ello, que debe haber un mejor filtro en la administración pública.
En el caso de Hugo Espinoza y Daniel Sánchez, futuros funcionarios en el Gobierno Regional, quienes afrontan procesos de investigación y denuncia por parte del Ministerio Púbico en el Poder Judicial, manifestó que se tiene que cumplir la norma, con la integridad pública, para que ingresen personas lo más limpias posible.
SOBRE LOS QUE HAN SIDO DENUNCIADOS Y NO TIENEN SENTENCIA
“En ese caso tienen la presunción de inocencia, pero se tiene que cumplir con la integridad pública. Tiene que solucionar su problema, para que después no se quejen. Hay bastantes profesionales que no tienen denuncias, ¿por qué no se les convoca a ellos?”, expresó Ponce Arpasi, procurador público Anticorrupción.
Como se sabe, la electa gobernadora regional Gilia Gutierrez anunció que Hugo Espinoza y Daniel Sánchez serán el gerente general y gerente regional de Salud, respectivamente a partir de enero próximo.
“A todos nos pueden denunciar. Como funcionario público estamos sujetos a denuncias, pero mientras no se tiene una sentencia existe la inocencia de la persona. En esa línea los hemos convocado y van a trabajar con nosotros, porque han demostrado en diferentes escenarios que son buenos profesionales”, aseveró Gilia, olvidando así una de sus promesas de campaña de luchar contra la corrupción y ser transparentes en su gestión.
TRANSPARENCIA EN EL SECTOR PÚBLICO
Ponce, señaló que se busca la transparencia en el sector público, que sean los mismos profesionales quienes informen si tienen algún proceso o no, es decir se sinceren con la autoridad, pero, muchos no lo hacen y luego lo publica la prensa.
Agregó que, si un funcionario tiene una sentencia condenatoria, así esté rehabilitado, no pueden ocupar cargos de confianza. Los deudores por alimenticios y los que no han pagado la reparación civil tampoco pueden laborar en la administración pública.
De confirmarse que en alguna gestión existen personas sentenciadas brindando sus servicios, cualquier persona puede hacer la denuncia o la Procuraduría actuará de oficio.
Una vez que se emita la resolución ejecutiva, el delito está consumado por parte de quien nombra. El que acepta, también está incurriendo en la infracción.
“Muchas autoridades dicen, yo no lo he nombrado, solo le he encargado, igual es delito. En la administración pública si se coloca a una persona que no cumpla con el perfil establecido, se incurre en el delito de nombramiento y aceptación indebida de cargo”, expresó.
Al ser un delito doloso y al estar condenado, es una causal de vacancia y ya no laboraría en la administración pública.
En otro momento, precisó que nadie puede ingresar al sector público, sino tiene un contrato de trabajo u orden de servicio, por que decir que está en “vías de regulación”, es corrupción.
