POR: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
El Estado constitucional se instituye sobre un sistema de pesos y contra pesos-la balanza política no se incline hacia algún lado-, el llamado “equilibrio de poderes” entre Ejecutivo y Legislativo, como fortalecimiento institucional, para dotarse de estabilidad y gobernabilidad. Es la vetusta teoría de la separación de los poderes del Estado del Marqués de Montesquieu para neutralizar los excesos o uso arbitrario de poder, los poderes que se vigilan entre sí.
Nuestro sistema de Gobierno, si bien denota un presidencialismo fuerte más no puro, es un presidencialismo atenuado o un hibrido, por cuanto gradualmente ha ido asimilando y dándole el encuadramiento constitucional a instituciones significativas del parlamentarismo, y que en algunos casos ha generado deformaciones, generando un efecto diferente, al profundizar el distanciamiento entre estos mismos órganos.
Desde la edificación de las instituciones constitucionales no se acaba de conceptualizar su dimensión política, sus alcances y efectos; es la impronta de imprevisibilidad de la política y sus actores. Pues, ese contrapeso del órgano legislativo, visualizando experiencias propias y comparadas, se evidencia positivo, cuando no tiene el Gobierno mayoría parlamentaria; se mostrará distendido, laxo, cuando el gobierno tiene mayoría o construye una alianza parlamentaria mayoritaria; todo ello dentro de los cánones de estabilidad democrática e institucional.
En nuestra tradición política, es notoria la disposición a la ponderación de las instituciones en sus relaciones inter-orgánicas, asumiendo esa sana definición de “equilibrios” y corresponsabilidad en la estabilidad política. Sin embargo, ciertos acontecimientos, también manifiestan el escaso apego al orden instituido, desnaturalizándose la esencia de las autonomías institucionales, propiciando quiebres del orden constitucional o una permanente inestabilidad política. En la década de los sesenta, destacan en el reparo político el estribillo del “primer poder del Estado es el Congreso”, acuñado por la alianza APRA-UNO, que culminó con el golpe de Estado contra Fernando Belaúnde el 3 de octubre de 1968; la inusual mayoría parlamentaria fujimorista, que inauguró el periodo legislativo del 2016-2021, nos mantuvo en la más absoluta incertidumbre y zozobra.
Esta semana culminamos un ciclo político, con cuatro presidentes y dos Congresos diferentes, y abrimos otro con expectativa, pero sin perder la mirada en los riesgos presentes y futuros. Hoy debe elegirse la mesa directiva del Congreso de la República, entre tres listas inscritas, y es sumamente gravitante su elección, quienes salgan elegidos no sólo tiene la función de representar y conducir el Congreso, sino y especialmente en la coyuntura, de articular relaciones con el Poder Ejecutivo. El momento exige ponderación, entendimiento y disposición democrática. No tiene mayoría el Ejecutivo, con 37 parlamentarios y aún sumados sus aliados no alcanza una sólida mayoría, en un contexto de polarización política; una lectura aguda de la decisión de Renovación Popular con un listado propio como candidatura, puede percibirse como el posicionamiento extremo de hacer trincheras políticas en el Congreso. Esa indefinición de vacancia, con lo que no se atrevió el Tribunal Constitucional, siempre estará latente y expectante en las decisiones congresales, que se convierte en una amenaza crónica. El mensaje del presidente electo de estos últimos días, conciliador, convocante y de apertura, no induce a posiciones cuasi radicalizadas, con agenda propia y muy distante para construir puentes democráticos de diálogo y concertación.
Pero, lo que inmediatamente sobreviene es la constitución del primer Gabinete Ministerial, que en el plazo de treinta días debe presentarse ante ese mismo congreso, para explicar la política de Gobierno y recabar el voto de confianza. No es nada pernicioso, porque tienen los suficientes votos, recordar lo suscitado con el Consejo de ministros presidido por Pedro Cateriano, que abre un espacio de incertidumbre, aunque un elemento de equilibrio es la posibilidad del efecto “negativa de confianza”, que dejaría en el Gobierno de Pedro Castillo posibilidades de su cierre. Luego, vendrá una nueva presentación del Ejecutivo ante el Congreso, para sustentar el Presupuesto General 2022, las experiencias pasadas muestran un escenario complejo por no decir crítico, por pasarse por alto las circunstancias complicadas como consecuencia de la pandemia, que pudiera convertirse en escenario de confrontación.
Nuestra democracia y nuestro Bicentenario, demanda un trabajo coordinado, de disposición y entendimiento entre los distintos órganos constitucionales, particularmente entre el Ejecutivo y Legislativo, primando el interés ciudadano sobre las parcelas políticas. Los pesos y contrapesos soportan el mutuo control y fiscalización de poderes, pero más aún proponen los mecanismos idóneos para una labor articulada, constructiva. Es indudable que hay temores, lo que no puede quitarnos las esperanzas.
