Mostrando un evidente malestar y sorpresa, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Central Azucarera Chucarapi Pampa Blanca, Andrés Pinto Corrales, dijo que de concretarse el remate judicial de 200 hectáreas del predio de la azucarera, programado para este jueves 28 de enero; al menos, 350 trabajadores se quedarían sin empleo con el consecuente cierre de dicha empresa.
“Hemos alcanzado documentación a las autoridades judiciales, porque este remate nos ha caído de sorpresa (…) que, si aceptamos este remate, significa matar a 350 trabajadores que se irían a la calle y el quiebre total de la azucarera Chucarapi”.
“QUE EL JUEZ DETENGA EL REMATE”
Por ese motivo, el dirigente sindical señaló que se ha exhortado al juez que condujo la disposición de remate, Carlos Cary Choque para que escuche a los trabajadores y sus representantes y detenga esa acción.
DENUNCIAN “FRAUDE POR COLUSIÓN”
Según sostiene Pinto Corrales y en documentación que mostró, se ha solicitado que el sindicato sea parte del proceso en calidad de tercero con interés, habiendo denunciado que el acto “se ha llevado a cabo con fraude por colusión” entre las partes, demandada: la azucarera; demandante: Jorge Luis Montoya Montoya y los accionistas mayoritarios; en esa línea han pedido se suspenda el proceso y por ende el remate hasta que todos los afectados puedan apersonarse al mismo y hacer valer sus derechos.
ACCIONISTAS MINORITARIOS
De otro lado, uno de los representantes de los accionistas minoritarios, Sixto Mamani Sumari, sostuvo que en ninguno de los estados financieros de los últimos 20 años, a diciembre de 2019, se ha consignado la deuda que exige el demandante por la cual se ha ordenado el remate de las 200 hectáreas, y que, si no se ha informado, es que la deuda ya habría sido pagada o esta se haya ocultado a los trabajadores y accionistas minoritarios.
Denuncia que los directivos y administradores, no obstante que la supuesta deuda de aproximadamente US$ 920 000, y el valor del predio a rematar de US$ 10 040 000, que es un valor inferior al 50% del valor real; en ningún momento, indican, han solicitado al juzgado la reducción de la superficie embargada, siendo que, el 20% del predio a rematar era y es suficiente a cubrir el monto de la deuda que, consideran simulada.
