POR: NICOLÁS VALDEZ CASO
Es lamentable que, de manera recurrente, ciertos sectores y actores políticos, desprovistos de sustento técnico y motivados por coyunturas puramente emocionales o electorales, pretendan generar alarma pública e infundadas controversias en torno a las operaciones de la minería formal, en este caso particular, referidas a Southern Perú. Durante los últimos días, se pretendió construir una narrativa sesgada afirmando que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) habría otorgado una nueva autorización para que la empresa incremente su consumo de agua en la zona de Ichupampa, en el marco de la ampliación de la Unidad Minera Cuajone; una aseveración que resulta categóricamente falsa.
La realidad técnica responde a la lógica opuesta. La reciente medida administrativa responde a una obligación legal e instrumental contemplada en el propio Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la unidad operacional. Se trata de un procedimiento de ingeniería diseñado para captar y contener filtraciones de agua de baja calidad (no aptas para el consumo humano ni para uso agrícola), impidiendo estrictamente su contacto o mezcla con los cursos y fuentes hídricas limpias de la cuenca. El pronunciamiento emitido en las últimas horas por la empresa en mención aclara de forma contundente la situación, devolviendo el debate al terreno de la rigurosidad técnica y alejándolo de la apasionada retórica de quienes, paradójicamente, suelen exigir millones de recursos provenientes del canon minero sin demostrar capacidad de gestión para ejecutar infraestructura hídrica sustancial, como canales o represas, en beneficio directo de la población.
Frente a las especulaciones sobre la licencia otorgada en el sector de Ichupampa, Torata (Cuajone), corresponde precisar que la minera no ha solicitado ni obtenido derechos de extracción sobre volúmenes adicionales de agua limpia de los ríos. La acción autorizada concierne exclusivamente a la recolección de aguas de infiltración subterránea de pobre calidad hídrica y contaminante. Dicha captación se ejecuta desde hace más de una década en cumplimiento estricto del mandato preventivo y fiscalizador de la autoridad ambiental.
Captar estas aguas no constituye un beneficio de consumo, sino un sistema de contención y recolección de efluentes e infiltraciones orientado a blindar la integridad del ecosistema hídrico local. La Resolución Directoral N.° 1193-2026-ANA-AAA.CO formaliza legalmente este esquema preventivo tras minuciosas inspecciones de campo realizadas entre los años 2024 y 2025. Lejos de otorgar un mayor uso del recurso hídrico a la empresa, el documento ratifica y encauza la exigencia técnica impuesta por el Estado para salvaguardar las fuentes de agua dulce de la zona que sí son limpias.
Es sustancial comprender el comportamiento volumétrico de dichas filtraciones en cuestión. En periodo de estiaje (sequía), el caudal recolectado es mínimo, fluctuando apenas entre 1 y 2 litros por segundo. En periodo de avenidas (temporada de lluvias), el volumen se incrementa de forma natural.
La cifra tope consignada por la ANA en la resolución, de 823 243 m³ anuales, contempla precisamente el escenario de máxima avenida para garantizar que, ante lluvias intensas, el sistema de contención tenga la capacidad técnica de retener la totalidad de estas aguas y evitar cualquier riesgo de derrame descontrolado hacia las cuencas limpias contiguas. Hay que considerar que mucha agua subterránea está contaminada por minerales volcánicos que aumentan la acidez y que muchas veces, al contacto con el sol, dan origen a diferente coloración de los ríos (análisis que hice anteriormente).
Una compañía que opera bajo estándares internacionales de certificación y responsabilidad ambiental tiene el deber de informar con transparencia a la ciudadanía frente a cualquier inquietud. Sin embargo, resulta previsible que ciertos sectores políticos, sin base técnica, continúen buscando argumentos accesorios para deslegitimar al principal motor económico de la región Moquegua y del país.
Cuestionar sin fundamento técnico a la minería formal atenta contra una actividad que ha demostrado ser un socio estratégico clave para el desarrollo regional, no solo por el cumplimiento irrestricto de las normas ambientales vigentes, sino por su contribución decisiva a los ingresos fiscales en miles de millones y la generación de oportunidades para el sur del Perú.

