7 de junio: día de decisiones

Partimos de un crónico déficit de legitimidad en que se encuentran estas dos fuerzas políticas participantes de la segunda vuelta.

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POR: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS

Desde el 2023, el 7 de junio de cada año fue declarado feriado nacional en conmemoración de la efeméride de la Batalla de Arica, tributándose un sentido homenaje a nuestros héroes liderados por el coronel Francisco Bolognesi. Desde las escuelas y en el común de los ciudadanos se siembra y recoge respeto, amor e identidad por nuestra patria, como lo hicieron nuestros valientes y abnegados héroes.

En esas extrañas coincidencias que nos propone la vida, este próximo domingo 7 de junio vamos a definir a nuestro próximo presidente de la República entre las dos candidaturas que lograron la más alta votación; pero bajo un contexto de polarización, desencuentros, un país fragmentado, con instituciones debilitadas, una presidencia ninguneada, un sistema electoral objetado, primando en el debate político el fácil adjetivo, la victimización y agresividad política.

Es decir, no se proyecta una propuesta de consenso nacional, de unidad y esperanza, que intente recabar una disposición de los electores para superar esta crisis e inestabilidad política. Se prefiere radicalizar posiciones, lo que es sumamente peligroso, porque nos va dejando en perspectiva futura, una vez más, el traslado de la asignatura pendiente al Congreso, donde las fuerzas políticas instrumentalizan el control parlamentario.

Partimos de un crónico déficit de legitimidad en que se encuentran estas dos fuerzas políticas participantes de la segunda vuelta, como bien lo anota Rosa María Palacios en reciente artículo: nunca hemos tenido dos ganadores tan perdedores. No hay elección presidencial con porcentajes tan bajos. Esta vez suman Fujimori y Sánchez 29% de voto válido. En el 2021, los finalistas sumaban 32.47%; es decir, similar, pero hoy peor.

Esto confirma dos cosas: Sánchez no llega a ser Castillo y Fujimori levanta un poco, pero sigue en la zona del desafecto ciudadano. Y si este diagnóstico lo llevamos al Congreso, nos encontramos que ni una ni otra agrupación tiene mayorías. Fuerza Popular y Juntos por el Perú tendrán 22 y 14 senadores, respectivamente, de 60 senadores, siendo la cámara más gravitante en cuanto de decisiones políticas se trate, como la vacancia presidencial —una figura de acoso político recurrente—, lo que obligará a entendimientos políticos con otras agrupaciones o a establecer reglas rígidas en el comportamiento político de los integrantes de cada bancada para evitar deserciones que pudieran estar reforzando las posiciones contrarias, como viene ocurriendo con el actual Congreso.

Concentrados en el escenario futuro, sobrevienen no dos opciones. Connotados líderes políticos y de opinión vienen enarbolando una tercera opción: la del voto nulo o en blanco, la que no debe entenderse como una irresponsabilidad. Es parte del ejercicio democrático que exterioriza un parecer, en este caso, el descontento con una u otra candidatura, en la lejana expectativa de lograr que dos tercios de votos sean nulos o en blanco, para anular las elecciones y que pudieran convocarse nuevamente a elecciones generales, lo que no ha ocurrido antes.

Como lo advertimos, es necesaria la segunda vuelta para reforzar la escasa legitimidad que tuvieron las agrupaciones políticas ganadoras, lo que implica que tiendan puentes estratégicos de comunicación con otras agrupaciones, con gremios empresariales, sindicales y, particularmente, sean catalizadores de las esperanzas de los electores para saciar sus múltiples demandas y carencias, que les permita ir al encuentro de un gobierno con la disposición de asumir una gestión y políticas públicas que corrijan este diagrama de injusticias y abusos, que alimentan la brecha de distanciamiento con el propio Estado.

El reciente informe del INEI nos describe un 25.7% de ciudadanos en pobreza y un 5% de peruanos en extrema pobreza, lo que desautoriza el entusiasmo de algunos analistas, pues si bien hay crecimiento, no hay desarrollo, permitiendo hacer más pobres a los pobres, sin salvaguardas para la dignidad de los peruanos.

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