La fiscal Angela Zuluaga, del Equipo Especial de Lava Jato, dijo ayer que parte del dinero ilícito solicitado por Susana Villarán y José Miguel Castro a la empresa OAS para su campaña de la reelección, se habría quedado en manos de los investigados. Vea aquí la galería fotográfica
“No todo el dinero ha ido para la campaña de la reelección, hay un poco de ese dinero que se habría quedado en los investigados, por esa razón se solicita la variación de la comparecencia restringida por prisión preventiva”, sostuvo.
Ante el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción, Zuloaga refirió que la empresa OAS entregó 4 millones de dólares para la campaña de la reelección el 2013.
Precisó que para la fiscalía es falso el informe entregado a la Oficina Nacional de Proceso Electorales (ONPE) por Marco Zeballos sobre los gastos de la campaña de su reelección, según el cual los ingresos fueron de 1 millón 336,660 nuevos soles y los egresos de 1 millón 335,557 nuevos soles.
Indicó, además, que dicho informe está sustentado con falsos aportantes.
Aseguró que solo en gastos de publicidad, a través de diferentes empresas de radio y televisión, se pagaron 3 millones 851,513 nuevos soles.
Por ello, a consideración de la fiscalía, no todo el dinero entregado para la reelección fue gastado.
La fiscal sostuvo que OAS entregó, además, un aporte de 3 millones de dólares para la campaña contra la revocatoria, proveniente de la Caja 2, según declaraciones de los colabores eficaces, recursos ilícitos que llegaron a través de “doleiros”, personas encargadas de traer dinero en efectivo, y por medio de contratos falsos.
De Odebrecht, según la fiscalía, se recibió 3 millones de dólares a pedido de Susana Villarán, dinero ilícito entregado al publicista Luis Favre (2 millones de dólares) y a José Miguel Castro (1 millón de dólares).
De acuerdo a la tesis de la fiscalía, Villarán usó la Municipalidad de Lima para concretar, a través de fines ilícitos, su propósito de quedarse en el poder.
“Deseó quedarse, tuvo interés más allá de lo que correspondía a su calidad de alcaldesa que era resguardar el interés del Estado, uso a funcionarios para concretar fines ilícitos, pese a ello negó en reiteradas oportunidades los hechos”, afirmó.
Refirió que, a criterio de la fiscalía, correspondería a Susana Villarán, la pena máxima por los presuntos delitos de cohecho pasivo (6 a 8 años) y lavado de activos (8 a 15 años), dado que era quien lideraba la una organización criminal.
“Es de imperiosa necesidad cambiar la comparecencia por prisión preventiva, Villarán tuvo comportamiento no adecuado en otras investigaciones y puede influir en las personas cercanas que han tenido partición en los actos delictivos”, apuntó.