Mi vocación democrática no me permite ser promotor de cerrar el Congreso de la República tal como señalan algunas voces, más llevado por el apasionamiento que por la razón, debo ser responsable en ello.

Si alguna vez censuré el autogolpe de Fujimori en 1992; el cual tuvo el apoyo mayoritario de la población y la amenaza expectante del terrorismo que justificaban de cierta manera tal acción. no me resigné a perder la democracia y hoy con la misma convicción me llama a defenderla.

Constitucionalmente es imposible cerrar el Congreso, salvo que sea mediante un autogolpe tal como sucedió en 1992; esto terminaría por desplomar nuestra alicaída y débil democracia y automáticamente seriamos la paria internacional donde los países democráticos del mundo censurarían tremenda irresponsabilidad, incluso hasta con sanciones económica y deterioro de nuestras relaciones internacionales, cierre de embajadas, etc., etc.

Pero como en el Perú las leyes no se respetan; el Ejecutivo puede dar un vuelco a nuestra Constitución, para pretender pedir un voto de confianza por sus proyectos de ley de reformas políticas que pretende cambiar y que recién se va a ejecutar para el próximo Congreso.

El Art. 134 de la constitución señala: El presidente de la República está facultado a disolver el Congreso, si este ha censurado o negado su confianza a dos consejos de ministros; en ninguna parte dice si el Congreso censura y no acepta la modificatoria de reformas políticas, el Congreso según el art, 93 no tiene orden imperativo de ningún poder del Estado, más aún que se trata de reformas políticas.

Exigir una cuestión de confianza para estos puntos y si no hace se cierra el Congreso, se estaría cometiendo una infracción constitucional art. 118; que parte del propio presidente de la República y que, basándonos en la norma, siguiendo el art. 113 y 117; podría perder su inmunidad y ser vacado.

Pero si esta infracción presidencial fuera aceptado por un acto irracional, el mismo art. 134 de la constitución señala; que disuelto el congreso queda en función la comisión permanente; es decir más de 30 parlamentarios donde está Daniel Salaverry; Yeni Vilcatoma, Mauricio Mulder, Leyla Chihuán, Marco Arana, Lourdes Alcorta, Luis Galarreta, Héctor Becerril, Carlos Tubino, Mario Mantilla, etc, etc; el mismo art. 134 señala, que se debe convocar en el lapso de 4 meses a nuevas elecciones, sin que pueda alterarse el sistema electoral existente, es decir los congresistas «depurados» pueden postular nuevamente.

El art. 135, señala que el ejecutivo puede legislar mediante decretos de urgencia de lo que da cuenta a la Comisión Permanente, para que los examine y eleve al nuevo congreso una vez que se instale. El nuevo Congreso, si está facultado para censurar al Consejo de Ministros o negarles su confianza; en este caso, negar la confianza a estas reformas políticas que está planteando el ejecutivo.

Eso no es todo, el art. 136 señala que si no se convoca a elecciones en ese plazo de 4 meses; el Congreso destituido recupera sus facultades parlamentarias y si se establece un nuevo congreso, destituye a la comisión permanente y cumplen función hasta que termine esta gestión; es decir, los nuevos congresistas, estarían a los mucho, un año y 3 meses aproximadamente.

Como vemos, no es responsable y coherente pedir un cierre del Congreso; un exabrupto del mandatario puede terminar en romper no solo las instituciones sino nuestra débil democracia y ella te exige que se respeten los poderes; no estamos en condiciones de vivir en sobresaltos.

Todos queremos reformas políticas, pero se tienen que hacer de acuerdo a ley y sin apresuramientos, las reformas emitidas por la comisión Tuesta Soldevilla, son solo propuestas y no pueden resolverse en uno o dos meses, son cambios constitucionales profundos y se necesita debatir y hacer mucho análisis; además que los problemas del país y su gente son otros y en ello debemos enfocar todos nuestros esfuerzos, no hagamos que el remedio sea peor que la enfermedad… es mi opinión.