POR: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Una “investigación sumaria” viene incoando el Congreso a los miembros de la Junta Nacional de Justicia por “causa grave”, en perspectiva de removerlos de sus cargos; ni está definida, ni están establecidas las causales -tratándose de procedimientos sancionatorias- y mucho menos está previsto en el reglamento del Congreso los parámetros procedimentales bajo los cuáles debe orientarse el actuar congresal; desde una percepción elemental hay una manifiesta afectación al debido proceso, como principio-deber, exigible también en los fueros parlamentarios, aunque con diferente intensidad, como lo corroboran en recurrentes pronunciamientos jurisprudenciales el Tribunal Constitucional como la Corte Interamericana.
Y en esa incertidumbre jurídico-política, al tratarse de disposiciones indeterminadas, nos volvemos a encontrar con lo único claro y determinante, la exigencia de 87 votos de los congresistas, para que prospere la remoción, y tal como está el desbarajuste congresal, su “virtud” impositiva de hacerse sentir y un ya nada extraño contubernio, que conjugan intereses para mutuas y diferentes cosechas políticas, tienen los votos. Y sucedió con la vacancia presidencial por incapacidad moral, que su indefinición motivo su instrumentalización política, cuando pasó inadvertida por décadas en nuestro desarrollo histórico político, despertando de su letargo por el férreo antagonismo parlamentario de estos últimos años, bastando los votos más que la argumentación. Y pasa con las infracciones constitucionales que conllevan a un juicio político, que tan poco se encuentran acotadas.
La discrecionalidad entregada al parlamento, bajo el convencimiento de su actuar ponderado y autolimitado, fue una construcción cauta -en sus tiempos- pero divorciada de la vorágine e improntas que ha tomado la política hoy en día, propensa a los contrastes, colocando al límite nuestra institucionalidad democrática; lo cierto es que nuestras normas constitucionales estuvieron determinadas para otro tipo de políticos, demócratas por convicción y formación, sobreponer el interés nacional sobre la mezquindad subjetiva, preocupados en guardar lealtad a la Constitución, rebozar de decoro por la defensa de los intereses de las mayorías y sobre todo esmero en reforzar y consolidar nuestra instituciones políticas.
Y si bien estuvimos hasta no hace mucho comprometidos con un arduo debate público sobre la conveniencia o no de una nueva Constitución, los focos de atención estaban dirigidos al régimen económico, soslayando algo tan evidente y cada vez más necesario y urgente, el rediseño de las relaciones Ejecutivo-Legislativo, cuyo encuadramiento presente no sólo nos generan contravenciones políticas sino desgaste democrático e ingobernabilidad, cuando la coyuntura exige decisiones de Estado. Caso contrario, seguiremos en estas andaduras de confrontación y zancadillas políticas, desdibujando lo poco que nos queda de autonomía e independencia en nuestros órganos constitucionales. Como dejarle al autoritario que cuide la democracia, como dejarle al parlamento actual que respete el principio de separación de poderes, suena a sorna.
Es también cierto que en particular al actual Congreso no le interesa alterar el statu quo, porque le otorga liberalidad para explayarse sin control, lo que no nos priva de ir construyendo los consensos ciudadanos para estructurar una plataforma base, que descanse fundamentalmente en esas grandes reformas políticas; estoy seguro, que más temprano que tarde, se abrirá este nuevo camino que reconducirá nuestro andar político, impulsado por una ciudadanía absorbida por el hartazgo y la necesidad de un amanecer democrático diferente.
Los politólogos apelan con regularidad a la legitimidad de la autoridad y el Congreso, hace buen tiempo que es sólo careta de lo que debería ser, y aún en esta reducida percepción, tiene a su disposición la facultad de investigar y sancionar a los altos funcionarios, pero esta facultad no puede quedarse en la cómoda apreciación formalista, puesto que nuestro propio marco constitucional exige razonabilidad, proporcionalidad, conductas y decisiones ajenas a toda arbitrariedad. En el contexto que se viene dando este sistemático acoso a la Junta Nacional de Justicia-sus siete miembros-, es manifiesta la connotación política interesada e inicua, distante de un proceso objetivo e imparcial que persiga en propiedad sanear o mejorar la institución, sin considerar aún los subalternos y estratégicos intereses que en perspectiva futura se van persiguiendo. No pasemos por alto, que no sólo se trata de un procedimiento por falta grave, también en paralelo se han interpuesto denuncias constitucionales por infracciones a la Constitución.
No se llegaron a contundentes manifestaciones contra este nuevo exceso del Parlamento, pero es innegable que hay una importante presión ciudadana, la misma que no puede descansar, porque existe una larga agenda para devastar los avances institucionales que con mucho esfuerzo ciudadano se han venido reafirmando.
El imprevisible presidente del Poder Judicial, apelando a la ironía expresaba en la comisión congresal a la que fue citado: un chisme no puede impulsar una investigación congresal y que tiene el suficiente carácter para no dejarse manipular; con lo que desmorona uno de los puntos de la investigación y sobre los que existía mayor zozobra. Sin embargo, esta declaración desnuda la ligereza y nula seriedad con la que se impulsó esta denuncia, permitiéndonos encontrar otra vez, un parlamento que manosea a mano limpia nuestras instituciones y con consecuencias muy comprometedoras sobre nuestra democracia, porque esta tiene como uno de sus soportes al mismo Congreso.
El Estado, lo somos todos, ciudadanos e instituciones; los ciudadanos caídos en la apatía y desinterés político, las instituciones diezmadas y golpeadas, estamos en falta grave, nuestra modesta institucionalidad se escabulle por en medio de nuestros dedos, sin percibirla o haciéndonos los disimulados, asumiendo un rol de sobrevivencia sobre un destino incierto, que va sembrando en su caminar desesperanzas y desapegos democráticos, sobre lo que construimos con expectativa, como oportunidad de armonía y desarrollo.