POR: JULIO FARFÁN VALVERDE (UNIDAD DE INVESTIGACIÓN – UDI)
El viernes 11 de septiembre se cumplieron tres años desde que la Unidad de Investigación (UDI) de Prensa Regional destapó el caso denominado periodísticamente “Corrupción 4×4”, referido a presuntos direccionamientos de contrataciones públicas, empresas vinculadas y alquileres de vehículos que terminaron bajo investigación del Ministerio Público.
Lo que comenzó el 11 de septiembre de 2023 como una investigación periodística terminó convirtiéndose en una carpeta fiscal que comprende a la gobernadora regional de Moquegua, Gilia Ninfa Gutiérrez Ayala; su hermana Katherine Fiorella Gutiérrez Ayala; Luis Yonathan Sanca Umiyauri; funcionarios públicos y particulares.
Tres años después, sin embargo, la principal interrogante ya no está en determinar si el caso merecía o no una investigación penal. La Fiscalía formalizó el proceso, ejecutó diligencias, comprendió a una veintena de investigados y, finalmente, el propio fiscal responsable decidió que la investigación preparatoria había terminado.
El punto crítico ocurrió el 9 de enero de 2026. Ese día, mediante la Disposición Fiscal N.° 38-2026, el fiscal provincial Víctor Arturo Muñoz Leyva declaró concluida la investigación preparatoria de la Carpeta Fiscal N.° 293-2023 y dejó expresamente establecido que posteriormente emitiría el pronunciamiento correspondiente dentro del plazo previsto por el artículo 344.1 del Código Procesal Penal.
A partir de entonces ya no correspondía continuar investigando indefinidamente. El fiscal debía adoptar una decisión: formular acusación si consideraba que existía base suficiente para llevar el caso a juicio o requerir el sobreseimiento si concluía que no existían elementos para sostenerla.
Han pasado más de ocho meses desde aquella disposición.
Y, hasta el cierre de esta edición, no se conoce públicamente una acusación fiscal ni un requerimiento de sobreseimiento que permita conocer cuál es finalmente la posición del Ministerio Público frente a uno de los casos de presunta corrupción de mayor repercusión durante la actual gestión regional.
LA RED DE EMPRESAS DE FACHADA DEL ENTORNO DE LA GOBERNADORA
La investigación de Prensa Regional comenzó siguiendo contrataciones de bienes, servicios y alquiler de camionetas adjudicadas a empresas que aparecían relacionadas entre sí mediante vínculos empresariales, familiares o personales.
Entre las firmas identificadas durante las sucesivas publicaciones figuraron AQSA Asesoría y Construcción, Transportes Yusdelan, Servicios Lusal, Productos Angeluis, YOMA Ingeniería, NOPAT e Inversiones y Distribuciones Megasur.
Uno de los episodios centrales estuvo relacionado con el alquiler de una camioneta Toyota Hilux de placa VCF-948, contratada a AQSA.
La documentación analizada por la UDI permitió advertir que, mientras esa unidad aparecía vinculada contractualmente a determinados servicios, otra camioneta, de placa VCF-924 y perteneciente a Productos Angeluis, habría sido utilizada en circunstancias que motivaron posteriores diligencias fiscales.
Los hechos dejaron de ser únicamente materia de publicaciones periodísticas cuando el Ministerio Público abrió una investigación y posteriormente ejecutó diligencias de considerable magnitud.
El 10 de noviembre de 2023 se realizaron allanamientos simultáneos en inmuebles ubicados en Moquegua, Ilo y Arequipa. Durante esas intervenciones se incautaron documentos, computadoras, teléfonos celulares, dispositivos USB y otros elementos vinculados a la pesquisa.
Entre los lugares intervenidos estuvieron inmuebles relacionados con la gobernadora Gilia Gutiérrez Ayala, Luis Sanca Umiyauri, familiares, funcionarios y personas vinculadas a las empresas investigadas.
La investigación periodística había pasado así a formar parte de un caso sometido a diligencias fiscales y control judicial.
FORMALIZACIÓN ALCANZÓ A LA GOBERNADORA Y SU ENTORNO
El 30 de octubre de 2024, el despacho de Muñoz Leyva formalizó la investigación preparatoria. Posteriormente, el caso fue tramitado como investigación compleja.
Cuando finalmente fue declarada concluida el 9 de enero de 2026, la Carpeta Fiscal N.° 293-2023 comprendía dos hechos y una veintena de personas investigadas entre presuntos autores y cómplices.
En ambos hechos aparece Gilia Ninfa Gutiérrez Ayala como presunta autora. Su hermana Katherine Fiorella Gutiérrez Ayala y Luis Yonathan Sanca Umiyauri aparecen comprendidos como presuntos cómplices.
La Fiscalía investigó como calificación principal la presunta comisión del delito de colusión simple y, de manera subordinada, el presunto delito de negociación incompatible.
La condición de investigados no implica responsabilidad penal. Todos mantienen plenamente su presunción de inocencia y cualquier determinación sobre culpabilidad corresponde exclusivamente al Poder Judicial.
Pero precisamente por esa razón resulta indispensable que el Ministerio Público defina procesalmente el expediente.
UNA INVESTIGACIÓN CUESTIONADA POR SU RITMO
El retraso posterior al cierre no constituye el primer cuestionamiento formulado contra la conducción fiscal del caso.
Durante el desarrollo de la investigación, Prensa Regional advirtió reiteradamente sobre diligencias pendientes, citaciones reprogramadas y personas que, pese a aparecer vinculadas a hechos documentados por la UDI, no habían sido convocadas oportunamente.
En mayo de 2025, el propio medio entregó formalmente al despacho fiscal nueva documentación, registros gráficos, información sobre vehículos, personas y comunicaciones que consideraba relevantes para el esclarecimiento de los hechos.
Entre los nombres puestos en conocimiento del fiscal figuraron Angélica Umiyauri Ccasa, Carlos Alberto Calderón Salas, Anastasio Cutipa Choque, Frankie D. Romero C. y José Alberto Huamán Pineda, respecto de quienes la UDI solicitó que se evaluaran diligencias por su posible conocimiento o participación en circunstancias relacionadas con las camionetas investigadas.
También se entregó información referida a Christian Fernando Soto Gutiérrez y a presuntas coordinaciones vinculadas con vehículos bajo investigación.
La existencia de esos cuestionamientos llevó incluso a que Prensa Regional recurriera a instancias de control del Ministerio Público por lo que consideró una demora injustificada en determinadas actuaciones fiscales.
Posteriormente, el propio despacho emitió disposiciones de impulso procesal para ejecutar o reprogramar actos que permanecían pendientes.
Por ello, el cuestionamiento actual no nace únicamente del paso del tiempo. Se inserta en una secuencia documentada de observaciones sobre la conducción del expediente.
EL 9 DE ENERO CAMBIÓ TODO
Existe, sin embargo, una diferencia sustancial entre aquellas críticas y lo que ocurre desde enero de este año.
Mientras una investigación permanece abierta, puede discutirse la oportunidad, pertinencia o velocidad de las diligencias que ejecuta el fiscal.
Pero el 9 de enero de 2026, Muñoz Leyva declaró formalmente que la investigación preparatoria había cumplido su objeto y decidió concluirla.
La propia Disposición Fiscal N.° 38-2026 explica que, una vez terminada esa etapa, el representante del Ministerio Público tiene dos alternativas: formular requerimiento de sobreseimiento o presentar acusación cuando exista base suficiente.
El segundo punto resolutivo fue todavía más preciso: estableció que la Fiscalía emitiría el pronunciamiento correspondiente dentro del plazo legal previsto en el artículo 344.1 del Código Procesal Penal.
Para una investigación compleja, ese plazo es de 30 días. No se trata, por tanto, de un plazo inventado por Prensa Regional ni de una exigencia editorial del medio que reveló el caso. Es el plazo procesal que corresponde después de que el propio fiscal declaró terminada su investigación.
¿DEMORA O BLINDAJE?
Este es el punto donde el término “blindaje”, utilizado reiteradamente por Prensa Regional para cuestionar la conducción fiscal del caso, adquiere ahora una nueva dimensión.
No se sostiene que exista una resolución judicial que haya determinado un acto deliberado de protección ni se atribuye al fiscal Muñoz Leyva responsabilidad penal alguna.
El cuestionamiento es periodístico y se sustenta en el efecto objetivo de la demora. Una investigación concluida que permanece durante meses sin acusación ni requerimiento de sobreseimiento conocido posterga necesariamente la definición del caso y mantiene a los investigados fuera de la siguiente etapa procesal.
Dicho de otra manera: mientras no exista pronunciamiento, tampoco existe una acusación sometida al control correspondiente ni un pedido de sobreseimiento que pueda ser evaluado judicialmente.
Ese resultado beneficia objetivamente a quienes permanecen bajo investigación, porque prolonga la indefinición.
Por eso, después de los cuestionamientos acumulados durante el desarrollo de la carpeta, la demora posterior al cierre alimenta legítimamente la interrogante: ¿estamos simplemente ante una extensa demora fiscal o frente a un blindaje de facto producido por la paralización del expediente?
La pregunta exige una respuesta del Ministerio Público.
DE LAS NEGACIONES A UNA INVESTIGACIÓN PENAL FORMAL
Durante estos tres años también quedaron registradas contradicciones entre determinadas versiones ofrecidas alrededor del caso y elementos recogidos posteriormente por la investigación periodística.
Uno de los asuntos más controvertidos fue la relación entre la gobernadora, su hermana Katherine Gutiérrez y Luis Sanca Umiyauri.
Prensa Regional difundió fotografías y registros de reuniones familiares en las que aparecen juntos, mientras que en declaraciones incorporadas al caso la gobernadora habría señalado haber visto a Sanca en un par de actividades de campaña y manifestó desconocer la existencia de una relación entre él y su hermana.
Las imágenes recopiladas por la UDI mostraron encuentros privados y familiares en los que aparecen Gilia Gutiérrez, Katherine Gutiérrez, Luis Sanca y otros integrantes de su entorno.
La relevancia de esos antecedentes no consiste en acreditar por sí mismos un delito, sino en explicar por qué la relación entre personas, empresas y contrataciones terminó formando parte de una investigación fiscal que alcanzó finalmente a la máxima autoridad regional y a miembros de su entorno.
TRES AÑOS PARA INVESTIGAR; OCHO MESES SIN DECIDIR
El caso “Corrupción 4×4” no puede describirse como un expediente en el que durante tres años no ocurrió nada.
Hubo investigación periodística, diligencias fiscales, allanamientos, incautaciones, formalización, ampliaciones, declaraciones y una investigación preparatoria compleja.
Precisamente por eso resulta más difícil explicar lo que ocurre ahora. Después de todo ese recorrido, el propio fiscal declaró que su investigación había terminado.
Desde ese momento, el Ministerio Público debía decidir.
Acusar no significa condenar. Pedir el sobreseimiento tampoco significa que este se produzca automáticamente. Ambos caminos someten la posición fiscal al procedimiento que corresponde.
Lo que no puede convertirse en una situación indefinida es la ausencia de una decisión.
El pasado 11 de septiembre se cumplieron tres años desde el destape periodístico del caso “Corrupción 4×4”. Y han transcurrido más de ocho meses desde que Víctor Arturo Muñoz Leyva declaró concluida la investigación preparatoria.
La pregunta ya no es qué más falta investigar. La pregunta es mucho más concreta: ¿por qué el fiscal que dio por concluido el caso todavía no ha hecho pública la decisión procesal que debía adoptar después de cerrarlo? Mientras esa respuesta no llegue, el cuestionamiento sobre la prolongación del caso y el presunto blindaje fiscal continuará abierto.
Porque después de tres años, Moquegua ya no espera nuevas promesas de investigación.
Espera una decisión.
