POR: FERNANDO VALDIVIA CORREA
Luego de 5 horas de haber declarado ante la Fiscalía de la Nación el viernes último, Dina Boluarte se presentó en conferencia de prensa respondiendo las interrogantes de los periodistas ahí presentes, reconociendo a su vez que el reloj de lujo que utilizó en diversas presentaciones fue un préstamo del señor Wilfredo Oscorima, Gobernador Regional de Ayacucho. Un día antes, el Premier Gustavo Adrianzen adelantó que la mandataria zanjaría este espinoso tema con su presentación ante el Ministerio Público. Previamente, le tocó el turno a Oscorima Núñez quién optó por guardar silencio ante las preguntas de la fiscalía.
Quien no lo hizo; o mejor dicho habló, habló y sigue haciéndolo es Juan Carlos Villena, a la sazón el encargado del Ministerio Público. Sí, aquél que ocupa transitoriamente la silla dejada por la doctora Patricia Benavides, suspendida ilegalmente por la desacreditada Junta Nacional de Justicia. Este personaje manifestó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que la señora Boluarte Zegarra también está siendo investigada por el uso de joyas lujosas por un valor aproximado de US$ 500 mil; es decir, ya no solo se trata de los Rolex, y la no justificación al allanamiento inconstitucional a la morada de la presidente de madrugada y a combazos.
A todo esto, resulta curiosa la posición expuesta por el señor Villena Campana. Sabemos que el rol del Ministerio Público es el de persecución del delito; ergo, a través de pruebas, evidencias, indicios, etc., tiene el deber de demostrar que tal o cual acción u omisión sea considerada como ilícito penal; sin embargo, en este caso no lo es (o al menos eso parece), toda vez que ante el show mediático de un portal web que temerariamente afirmó que la Jefe de Estado posee estos cronógrafos sin haberlos declarados oficialmente, de inmediato la propia fiscalía, de la mano con la policía parapolítica DIVIAC, se han encargado de hostigarla. Además, sintomáticamente Susel Paredes y Sigrid Bazán han exigido su renuncia. Esto último es irónico, puesto que ambas parlamentarias siguen siendo eternamente investigadas por presunto enriquecimiento ilícito (en el caso de Paredes Piqué al no justificar cómo su “esposa” se benefició de S/ 10 millones del programa Reactiva Perú; y de Bazán Narro con su exorbitante incremento patrimonial de cerca de US$ 500 mil). Desde luego, cuando eres de izquierda (o te acomodas a ese lado), no hay imputación que sirva.
De poco o nada servirá que la representación nacional hubiera rechazado por amplia mayoría las dos mociones de vacancia. A estas alturas está claro que todo lo que diga, o no, será usado en contra de Dina Boluarte.
