POR: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Esta última semana, las primeras planas se concentran en el lamentable fallecimiento de una autoridad política, que nos pone en evidencia las graves deficiencias de nuestro sistema de salud pública, especialmente en el interior del país, en que la mayor parte de la población se atiende, y que ratifica la apreciación que somos un país con grandes desigualdades, por no decir discriminante. Si creíamos que la pandemia, iba a ser un revulsivo, pronto volvimos a la normalidad de siempre, al encuentro de un Estado indolente e incapaz de comprarse el pleito por sus ciudadanos.
Este último suceso, no tiene porqué ensombrecer -una vez más-, la lamentable muerte de otra indefensa niña, cual, si la sociedad o el Estado no existiera para cuidarla, protegerla, es también un tema de salud pública, pero sobre todo de dignidad para ellas.
En el 2005, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas encontró responsabilidad en el Estado peruano por violar sus derechos al obstaculizar un aborto no punible, de “K.L.”; a quien se le obligo a sobrellevar un embarazo, cuando se sabía que el feto que llevaba carecía de algunas partes del encéfalo y el cráneo, de modo que moriría indefectiblemente; el nacimiento ocurrió y el bebé falleció a los cuatro días.
Otro órgano de la ONU, el Comité de los Derechos del Niño, en mayo de este año, estableció responsabilidad en el Estado Peruano por vulnerar sus derechos al impedirle el aborto terapéutico e instándolo a “despenalizar el aborto en todos los casos de embarazo infantil, garantizar el acceso de las niñas embarazadas a servicios de aborto seguro y atención postaborto, y modificar la normativa que regula el acceso al aborto terapéutico para prever su aplicación específica a las niñas”. Fue por el caso de «Camila», una niña indígena violada por su padrastro, quedando embarazada a los 13 años.
No salíamos del remezón que significó el caso “Mila”, una niña de 11 años, violada por su padre, y no por la decisión oportuna y humana de nuestro sistema de salud, sino por la sensibilidad ciudadana ejerciendo una legítima presión, que se acudió a una atención e intervención urgente, salvándole la vida en un prematuro embarazo. El Hospital Regional de Iquitos le había negado el aborto terapéutico, para posteriormente ser derivada y atendida por el Instituto Materno Perinatal de Lima, como correspondía.
Y volvió a ocurrir, la crónica de ayer no deja de ser la crónica de hoy y quizás de mañana. El martes 26, la semana pasada, sarcásticamente “Dia de la Prevención del Embarazo en Adolescentes”, falleció una niña de 13 años, pudiendo evitarse si se le permitía acceder al protocolo del aborto terapéutico-un Estado ausente y renuente-, víctima de violación, quedo embarazada y tuvo complicaciones postparto; el neonato de 8 meses, sobrevivió. Los hechos ocurrieron en el hospital Manuel Ángel Higa Arakaki de la provincia de Satipo (Junín), donde fue llevaba desde su comunidad. Era manifiesto que la salud de la niña estaba en grave riesgo, para la OMS el embarazo infantil es considerado como tortura, teniendo “cuatro veces más probabilidades de enfrentar complicaciones con eventual riesgo de muerte”.
El Ministerio de Salud, tiene un protocolo, denominado “Guía Técnica Nacional para la estandarización del procedimiento de la Atención Integral de la Gestante en la Interrupción Voluntaria por Indicación Terapéutica del Embarazo menos de 22 semanas con consentimiento informado en el marco de lo dispuesto en el artículo 119° del Código Penal”. Desde 1924, se permite la interrupción del embarazo por razones terapéuticas, es decir esta despenalizado, lo que perfectamente pudo aplicarse en este caso.
Teniendo los casos precedentes, y los muchos que con regularidad se proponen ante nuestra administración de salud, manejados con mucha discreción -por proteger su identidad, cuanto quisiéramos también para actuar y salvarles la vida-, lo que no puede esconder una absurda realidad, que son hechos recurrentes, en donde prima la insensibilidad, la falta de profesionalismo y especialmente la irresponsabilidad frente a hechos profundamente humanos. Como lo manifiesta el Instituto Peruano de Paternidad Responsable: “Esta es una evidencia del porqué las niñas no deben convertirse en madres. El cuerpo de una menor no está preparado físicamente para concretar una gestación, presentando con mayor frecuencia complicaciones graves que ponen en riesgo su vida…obligar a una menor a continuar con un embarazo puede ser calificado como tortura y es una clara violación a sus derechos humanos”.
La Defensoría del Pueblo, ha señalado que en el presente año: “757 niñas y adolescentes mujeres entre 0 y 14 años fueron madres; asimismo, los casos de violación sexual en agravio de este grupo etario de mujeres reportados por el MIMP, hasta julio del 2023, eran 4,454 casos”. El año pasado se registraron 1,625 nacimientos por parte de menores de entre 10 a 14 años, cada día cuatro niñas se convierten en madres. Estadísticas frías, graves e indolentes, pero ineludibles de revisar, desde nuestras responsabilidades.
Esta tragedia de nuestras niñas, claro que pudo evitarse y debe evitarse, responsable es también el Estado por su inacción; debemos liberándonos de nuestras taras retrogradas y asumir políticas públicas claras y firmes para la eliminación de la violencia sexual contra las niñas y adolescentes, respetar nuestros compromisos internacionales, y en nuestro deber de sociedad responsable, garantizar la interrupción legal de estos embarazos.