El Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de Tacna dispuso dejar en libertad al electo gobernador regional de Tacna, Luis Torres Robledo, quien estaba bajo arresto domiciliario desde el 24 de diciembre del 2020. Con esta medida la nueva autoridad regional podrá asumir sus funciones desde el 1 de enero de 2023.
El juez Juan Portugal Vega, con fecha 26 de diciembre declaró fundado el pedido de cesación de prisión preventiva formulado por la defensa técnica del procesado Luis Ramón Torres Robledo, en el proceso que se le sigue por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión y otros en agravio del Estado.
También se dispone sustituir la medida de detención domiciliaria, por medida coercitiva de comparecencia con restricciones sujetas a las siguientes reglas de conducta: prohibición de comunicarse con sus coimputados, prohibición de comunicarse con los órganos de prueba personal en la presente investigación preparatoria, concurrir a todos los llamados efectuados por el Ministerio Público y la Judicatura relacionados con el presente proceso.
Además de acudir ante el órgano jurisdiccional mensualmente a registrar su firma, no ausentarse de la localidad, salvo medien motivos atendibles previa comunicación y justificación ante la judicatura. Asimismo, se establece una caución económica de 25,000 soles que deberá ser abonada en el plazo de cinco días de ser notificado.
Luis Torres Robledo es investigado por presuntos actos de corrupción cometidos durante su gestión como alcalde provincial de Tacna en el periodo 2015 – 2018.
El juez Juan Portugal Vega notificó la resolución esta mañana, tanto a la defensa del investigado, como al Segundo Despacho Anticorrupción que tiene en manos el caso que en un inicio también planteaba organización criminal, el mismo fue desestimado.
CASO LOS LIMPIOS DE TACNA
Como se recuerda Luis Torres Robledo es sindicado por el Ministerio Público como el líder de la organización criminal “Los limpios de Tacna”. Según la Fiscalía esta organización facilitó la venta directa de terrenos de propiedad municipal a favor de terceros, a pesar de que la subasta de terrenos fue observada por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.
La investigación inició en 2016, sin embargo, la detención de Torres y cerca de veinte implicados se dio en noviembre del 2018, disponiéndose prisión preventiva para los integrantes de dicha organización criminal. Posterior a ello en enero del 2019 se cambió la medida de prisión preventiva por arresto domiciliario, el cual debía tener vigencia hasta setiembre del 2023.
