La subprefecta provincial de Islay, Lizeth Zevallos Chirinos dijo que, la aplicación de las medidas restrictivas del Decreto Supremo N° 168, genera limitación de derechos de las personas que no se han vacunado y que no podrían acceder a lugares públicos y privados con concentración de personas y al uso de servicios públicos.
“Sí, es cierto. Muchas personas indican no tener la voluntad de vacunarse y, con este decreto (N° 168) que las obliga a mostrar el carné de vacunación para ingresar, están siendo limitadas sin que la vacuna sea todavía obligatoria. En parte hay razón de las personas que tienen sus propios motivos por los cuales no se quieren vacunar y esto va a impedir que realicen algún tipo de acciones…”
SOLUCIÓN PARA EVITAR DEMANDAS
Por ello precisó que, en los despachos diarios de informes que remite al ente superior de su cargo, pone de conocimiento al Gobierno Nacional el panorama de la jurisdicción y así encontrar una solución ya que, sí, se estaría limitando el derecho de muchas personas en contra de su voluntad, buscando evitar que alguna persona pueda interponer recursos de acuerdo a ley para hacer valer sus derechos, puntualizó.
