La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) cuestionó duramente la decisión del gobierno de suspender por 30 días todas las actividades mineras —incluida la minería formal— en los distritos de Pataz, Parcoy y Tayabamba, región La Libertad, como parte de las acciones para “garantizar el estado de derecho”.

Para el gremio, la medida es desproporcionada, pone en riesgo la economía regional, la seguridad operativa de las minas, miles de empleos y no ataca el verdadero problema: la minería ilegal. “Las empresas formales se convierten en víctimas de la minería ilegal y de la inacción del Estado, que ha sido incapaz de enfrentar esta actividad delictiva”, advirtió.

RIESGOS ECONÓMICOS, LABORALES Y OPERATIVOS

Según la SNMPE, esta paralización forzada generará pérdidas mensuales de 25 millones de soles en canon y regalías para la región La Libertad —que aporta el 33 % de la producción nacional de oro—, y una caída de más de 80 millones de dólares en exportaciones. Además, más de 4,000 trabajadores directos e indirectos quedarán sin empleo, interrumpiendo también la cadena de pagos hacia contratistas, proveedores, comercios y comunidades locales.

Pero las consecuencias van más allá del impacto económico. La Sociedad advirtió que detener abruptamente una operación minera pone en peligro infraestructuras críticas, como las presas de relaves, que requieren vigilancia continua para evitar desastres ambientales.

“Una unidad minera no puede detenerse de golpe. Eso representa un riesgo de colapso de presas de relaves, inundaciones o acumulación de gases. Se necesita personal para el monitoreo permanente de estos sistemas”, alertaron.

La suspensión también abre la puerta para que grupos ilegales tomen control de galerías mineras pertenecientes a empresas formales, aprovechando la ausencia de vigilancia técnica y operativa.

PROMESAS SIN SUSTENTO Y VACÍOS LEGALES

Pese a que el ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero Cornejo, ha declarado que la medida no afectará a las empresas formales, hasta la fecha no se ha publicado norma alguna que precise excepciones o condiciones, lo que aumenta la incertidumbre y la sensación de arbitrariedad en el sector.

Además, la SNMPE criticó al Ministerio de Energía y Minas por su incapacidad en gestionar un proceso real de formalización minera. También cuestionó al Congreso por aprobar normas que terminan encubriendo actividades ilegales, como la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), herramienta que —según el gremio— ha sido usada por mineros ilegales para operar bajo una fachada de legalidad.

DIFERENCIAR LO LEGAL DE LO ILEGAL

Finalmente, la Sociedad exhortó al gobierno a distinguir claramente entre minería formal e informal. Recordó que las empresas legales operan en zonas georreferenciadas, cumplen normas ambientales y están dispuestas a colaborar con las autoridades.

“Paralizar lo formal no combate la ilegalidad. Al contrario, la fortalece. El Estado no puede seguir castigando a quienes hacen las cosas bien mientras deja crecer a las mafias ilegales con total impunidad”, concluyó el gremio.